La mujer, de 51 años, se sometió a un juicio abreviado en el Tribunal Nº 2 de Azul. También se dictó la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Los hechos juzgados sucedieron entre 2015 y 2017.
Una olavarriense fue condenada a tres años de prisión de cumplimiento condicional al ser hallada culpable de delitos cometidos entre 2015 y 2017 cuando era empleada de la Dirección de Bromatología de la Municipalidad de Olavarría.
La sentencia, que incluye “inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos”, se dictó tras un juicio abreviado que se llevó adelante en el Tribunal Oral en lo Criminal número 2 con sede en el Palacio de Justicia de Azul a cargo del juez Joaquín Duba.
Gabriela Claudia Carlos, de 51 años y quien llegó al proceso oral en libertad, fue condenada como “coautora” de “fraude en perjuicio de una administración pública, en concurso ideal con uso de instrumento público falsificado reiterado, en concurso real con asociación ilícita”. Asimismo, se la consideró “autora” de dos hechos de “estafa”, de uno de “estafa en tentativa” y de dos episodios definidos por el delito de “uso de instrumento público falsificado”, los cuales en su totalidad la mujer cometiera “en concurso real de acciones”.
El caso tuvo en total a tres empleadas de la dependencia local acusadas. Las dos restantes también fueron condenadas. Todas fueron detenidas en marzo de 2018 en Olavarría.
Los hechos
De acuerdo con lo que se señala en lo resuelto, “en el período comprendido entre el 23 de julio de 2015 y el 6 de junio de 2017”, Gabriela Claudia Carlos formó parte de “una banda” que integraba junto con Silvia Elvira Baudry y Liliana Edith Álvarez. Todas eran empleadas municipales.
Mientras desempeñaban labores en la Dirección de Bromatología, “actuando en conjunto, con división de tareas, de manera organizada y con permanencia en el tiempo, mediante ardid y abusando de la confianza inspirada en su condición de empleadas públicas de la mencionada oficina, defraudaron patrimonialmente a la Municipalidad de Olavarría, cobrando en nombre de dicha administración pública, sin estar habilitadas para hacerlo, en dinero en efectivo, y en alguna oportunidad con cheques, servicios municipales tales como análisis de aguas y otros productos alimenticios (tanto bacteriológico como físico químico y arsénico), habilitaciones de transportes de sustancias alimenticias y demás trámites que se realizan en dicha oficina”, se describe en el fallo.
En muchos de esos casos, además, emitían “recibos apócrifos” que les permitían apropiarse de manera indebida de sumas de dinero que “debieron ingresar a las arcas municipales”, provocando de esa manera “un perjuicio patrimonial al erario municipal”.
En lo resuelto se hizo mención a que el perjuicio patrimonial ascendió “a un total aproximado” de más de 285.000 pesos. Y que a través de cheques -formando parte la encausada junto con las otras mujeres de esta organización delictiva- entre todas lograron apoderarse de manera indebida de una suma superior a los 31.000 pesos.
Más de una decena de ciudadanos, entre los cuales varios eran titulares de diferentes empresas, figuraron como los damnificados de este accionar.
A fines de marzo de 2018, en el marco de la investigación penal que se había iniciado por estos ilícitos, todas ellas resultaron detenidas; aunque posteriormente las medidas cautelares quedaron sin efecto y recuperaron la libertad.
En el mismo juicio abreviado, Gabriela Claudia Carlos también fue condenada por diferentes hechos que cometiera durante el año 2017. En ese entonces estuvo en varios comercios “presentándose como agente de la Dirección de Bromatología de la Municipalidad de Olavarría” menciona el juez Duba en lo resuelto. Y “sin estar autorizada para dicha tarea y mediante ardid, argumentando que debía realizar un análisis de agua y/o análisis de productos”, les cobraba en efectivo a los propietarios de esos negocios para obtener las muestras, defraudándolos a todos ellos “para luego entregar, al menos en un caso, un protocolo con contenido falso y con la firma de la titular de Bromatología -por esa época lo era Mirta Alcobedo- falsificada”.
Esos tres años de prisión en suspenso y la inhabilitación a perpetuidad para ejercer cargos públicos que fueron dictados contra Carlos implicaron, además, que el Juez que intervino en este proceso abreviado le fijara diferentes reglas de conducta. La encausada debe cumplirlas durante tres años y esas obligaciones consisten en fijar domicilio, someterse “mensualmente” al cuidado del Patronato de Liberados y no cometer delitos.
Fuente y fotos: Diario El Tiempo
Fuente: cdnoticias.com
