Javier Milei, el presidente que venía a combatir a la casta, limitó la participación popular en la selección de los magistrados, incluidos los jueces de la Corte Suprema y el jefe de los fiscales. Quienes siguen de cerca el proceso dicen que lo que busca el Gobierno es apurar nombramientos y hacer que el camino sea más sencillo para candidatos que no tendrán las mejores credenciales para los cargos a los que aspiran. Desde distintos sectores del espectro político calificaron el decreto como un retroceso institucional. El jurista Andrés Gil Domínguez pidió que el Poder Judicial declare la inconstitucionalidad de la norma.
