Una investigación interna detectó 645 acreditaciones indebidas entre julio de 2022 y enero de 2026. La maniobra habría consistido en modificar los archivos de haberes antes de enviarlos al Banco Nación y luego devolverlos a sus valores originales. Cuatro personas sin vínculo con la fuerza concentraron el 44% del dinero.
Una investigación interna de la Armada Argentina derivó en una denuncia ante la Justicia Federal por una presunta trama de corrupción mediante la manipulación del sistema de pago de haberes, que permitió realizar al menos 645 acreditaciones indebidas por $981.148.567,88 a 23 personas entre julio de 2022 y enero de 2026. Fuentes vinculadas al caso estimaron que el perjuicio podría ser todavía mayor y alcanzar los $1.500 millones, mientras otras estimaciones lo ubican cerca de los $1.600 millones.
La presentación fue realizada por el capitán de Navío contador Carlos Alberto Castro Maggio, jefe de Administración Financiera de la Armada, y quedó radicada ante el Juzgado Federal N° 2, a cargo de Sebastián Ramos. El expediente deberá determinar quiénes participaron de las operaciones y qué responsabilidades penales corresponden.
El caso salió a la luz en febrero de este año, cuando durante el control de los haberes correspondientes a enero se descubrió que cinco agentes del Departamento Revista habían recibido suplementos que no les correspondían. Los involucrados devolvieron el dinero, pero el episodio llevó a las autoridades de la fuerza a ampliar la revisión hacia períodos anteriores.
Lo que inicialmente podía atribuirse a errores administrativos comenzó entonces a mostrar otro patrón. Los investigadores encontraron diferencias entre las liquidaciones de haberes, los recibos de sueldo y los archivos enviados al Banco de la Nación Argentina. Había pagos que no figuraban en las liquidaciones, montos incorporados a los lotes bancarios que no aparecían en los recibos, duplicaciones y acreditaciones destinadas a personas cuya relación con la Armada no podía establecerse.
Cómo funcionaba la maniobra
La investigación interna determinó que las modificaciones se realizaban en un momento específico del circuito de pagos: después de los controles habituales sobre la liquidación de haberes y antes de que los archivos fueran enviados definitivamente al Banco Nación.
En ese tramo se habrían alterado determinados registros para aumentar los montos a cobrar o incorporar directamente pagos que no tenían respaldo en una liquidación legítima. Una vez confeccionados los archivos destinados al banco, los registros eran restituidos a sus valores originales. De ese modo, el dinero acreditado podía ser diferente del importe que después aparecía en el recibo publicado en el sistema Haberes-Web.
Para reconstruir el circuito, la Armada conformó una comisión integrada por especialistas en contabilidad, liquidación de haberes, sistemas y análisis de datos. Se revisaron y preservaron los equipos utilizados para confeccionar y transmitir los archivos de pago y se cruzaron, mes por mes, los datos del sistema de haberes con las acreditaciones bancarias.
El análisis permitió ubicar el comienzo de las irregularidades en julio de 2022 y su continuidad hasta enero de 2026. La reiteración de operaciones, la existencia de beneficiarios recurrentes y las modificaciones efectuadas después de los controles llevaron a los investigadores internos a descartar que se tratara simplemente de errores aislados de procesamiento.
Cuatro personas recibieron más de $434 millones
Uno de los puntos centrales de la denuncia es que cuatro de los 23 beneficiarios identificados no tenían ningún vínculo laboral ni funcional con la Armada. Se trata de María del Carmen Prieto, Damián Andrés Santana, Amalia Cristina Díaz y Natalia Carolina Yahia.
Entre los cuatro recibieron 184 acreditaciones por $434.200.718,04, equivalente al 44,25% de los casi $1.000 millones documentados.
Prieto recibió, según la denuncia, 46 acreditaciones por $152.259.495,86; Santana, 47 por $99.496.225,47; Díaz, 46 por $91.978.048,38; y Yahia, 45 por $90.466.948,33.
El caso de Prieto ocupa un lugar especialmente relevante en el expediente: es la esposa del capitán de Navío contador Ariel Baltasar Atanasoff, quien se desempeñaba como jefe del Departamento Revista y aparece como el principal señalado en la investigación administrativa.
De acuerdo con la denuncia, Atanasoff reconoció durante las actuaciones internas que conocía las acreditaciones efectuadas a las cuatro personas ajenas a la fuerza y afirmó que se cargaban manualmente. El escrito le atribuye además haber manifestado que el propósito era “favorecer económicamente a dichas personas” y que él mismo decidía las operaciones, los beneficiarios y los importes. También habría señalado que realizaba personalmente las maniobras.
Será ahora la Justicia la que deberá establecer el alcance penal de esas declaraciones y determinar si existieron otros participantes.
Pagos en el país a personal destinado en el exterior
La investigación también detectó otras situaciones. Una de ellas involucra al capitán de Corbeta contador Roberto Eduardo Castro, quien en determinados períodos habría cobrado haberes en la Argentina al mismo tiempo que percibía los correspondientes a una misión en el exterior.
El sistema excluye automáticamente de los pagos locales al personal destinado fuera del país, por lo que la denuncia sostiene que esas acreditaciones tuvieron que haber sido incorporadas por fuera del procedimiento automático.
También se encontraron pagos a Luana Magalí Piedigrossi, esposa de Castro, durante períodos en los que se encontraba de licencia sin goce de haberes. La presentación deja asentadas las explicaciones ofrecidas por los beneficiarios y remite a la investigación judicial la determinación de su eventual conocimiento o participación en las operaciones.
Devoluciones y cambios en los controles
Parte del dinero ya fue reintegrado. Cuatro capitanes de Corbeta contadores devolvieron en abril importes que habían percibido en exceso con sus haberes de enero y otros tres oficiales hicieron restituciones el 11 de septiembre.
En total, al momento de formularse la denuncia se habían recuperado $42.574.267,63, por lo que permanecían sin restituir $938.574.300,25. La presentación aclara que esas devoluciones no reducen el monto histórico de las operaciones investigadas, sino que permiten establecer cuánto dinero fue recuperado.
La situación de Atanasoff cambió en agosto, cuando la revisión histórica permitió identificar entre los beneficiarios a su esposa. Hasta entonces no habían surgido elementos objetivos que lo vincularan con las irregularidades. A partir de ese hallazgo fue relevado preventivamente de la jefatura del Departamento Revista y se preservó el equipo informático utilizado para preparar y transmitir los lotes de pagos al Banco Nación.
La Armada también modificó el circuito interno: la tramitación de las acreditaciones bancarias quedó en manos del Departamento Tesorería y el Departamento Contabilidad pasó a realizar de manera independiente la conciliación de la cuenta utilizada para pagar los haberes.
El Ministerio de Defensa confirmó que las irregularidades fueron detectadas a partir de una actuación administrativa y que, una vez constatadas, se presentó la denuncia ante la Justicia Federal.
“La correcta administración de los recursos públicos constituye un compromiso indeclinable para el Ministerio de Defensa, del cual depende la Armada. Existe tolerancia cero frente a cualquier irregularidad en su manejo y se adoptarán todas las medidas que correspondan para garantizar el cumplimiento de la ley”, señaló la cartera.
La causa deberá establecer ahora la dimensión definitiva del dinero desviado, su destino y la responsabilidad de cada uno de los involucrados. Por el momento, la investigación administrativa dejó documentadas 645 acreditaciones indebidas, 23 beneficiarios y casi $1.000 millones en operaciones realizadas durante más de tres años y medio.
