Una investigación reveló que un grupo de supuestos profesionales de la salud gestionaba ambulancias ficticias y cobraba al Estado y a obras sociales por servicios médicos inexistentes o realizados por personas sin título.
Las autoridades policiales desarticularon la organización, que operaba desde Florencio Varela, y descubrieron que los facturadores presentaban documentos falsos para legitimar la atención médica que nunca se había prestado.
Los responsables, que no contaban con la habilitación requerida, fueron detenidos y se iniciaron procesos judiciales por estafa, fraude al sistema de salud y vulneración de la normativa de prestaciones médicas.
