Quince agentes del Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires fueron puestos bajo custodia tras ser investigados por supuestos malos tratos y torturas contra reclusas del penal de Magdalena.

Las autoridades judiciales ordenaron que los acusados sean reenviados a distintas unidades penitenciarias de la provincia mientras se avanza en la causa, garantizando que continúen bajo control institucional.

El caso ha generado una fuerte reacción en la opinión pública y en organizaciones de derechos humanos, que exigen una investigación exhaustiva y medidas para prevenir futuros incidentes dentro del sistema carcelario.