Un análisis expone las barreras que enfrentan las trabajadoras sexuales para acceder a una vivienda. La falta de recibo de sueldo, las dificultades para presentar garantías y el estigma asociado a la actividad se combinan con un mercado de alquileres más flexible, pero también más exigente para los inquilinos.
Conseguir una vivienda en alquiler puede convertirse en un desafío especialmente complejo para las trabajadoras sexuales. La falta de recibo de sueldo y de garantías propietarias, la informalidad laboral y el estigma asociado a la actividad se combinan para dejar a muchas fuera del mercado formal o empujarlas hacia alternativas habitacionales más precarias.
Un análisis elaborado por SimpleMedia, proyecto editorial de SimpleEscort, a partir de distintas fuentes sobre vivienda, informalidad laboral y trabajo sexual, reconstruyó las principales barreras que enfrenta este sector en el mercado de alquileres argentino.
Uno de los datos centrales surge de un estudio realizado en 2021 por CONICET, la Universidad de Buenos Aires (UBA) y AMMAR-CTA: el 93% de las trabajadoras sexuales mayores de 18 años había atravesado alguna dificultad para acceder a una vivienda y el 67% declaró no contar con recibo de sueldo. Entre los obstáculos también aparecieron la falta de ingresos suficientes y la imposibilidad de presentar una garantía propietaria.
La problemática se desarrolla, además, en un mercado inmobiliario que modificó sus reglas en los últimos años, especialmente a partir de la derogación de la Ley de Alquileres mediante el DNU 70/2023.
El mercado de alquileres se complicó para todos los inquilinos
Un mercado más flexible, pero más exigente
La desregulación modificó las condiciones de los contratos de alquiler y generó una mayor variedad de plazos, mecanismos de actualización y requisitos para los inquilinos.
Carlos Allende, corredor inmobiliario de la firma Allende/Torales, considera que la derogación de la normativa anterior marcó un punto de quiebre. Según explica, antes regían contratos de tres años, actualizaciones anuales y condiciones que, a su criterio, ofrecían mayor previsibilidad a los inquilinos.
Con posterioridad comenzaron a generalizarse contratos con actualizaciones trimestrales o cuatrimestrales y condiciones que, según el corredor, favorecen en mayor medida a los propietarios. “Esto hizo que haya más oferta y desreguló los precios, pero asfixió más al inquilino”, sostiene Allende. Y agrega: “No creo que haya un término medio hoy, sino que se fue al otro extremo”.
En este escenario, demostrar ingresos se convirtió en una condición central para acceder a una vivienda. Para quienes no cuentan con recibo de sueldo o una garantía, las opciones pueden reducirse a habitaciones, hoteles, pensiones o modalidades informales de alquiler.
El trabajo sexual y la vivienda, una relación directa
La dificultad para acceder a una vivienda adquiere una dimensión particular en el caso de quienes reciben clientes en su propio domicilio. Los datos de los anuncios publicados en SimpleEscort Argentina entre julio de 2025 y julio de 2026 indican que el 93% de las trabajadoras sexuales recibe a sus clientes en un espacio propio, que en muchos casos coincide con el lugar donde vive.
El servicio a domicilio aparece como una alternativa menos frecuente. Según la plataforma, el filtro “a domicilio” es utilizado mensualmente por apenas el 7% de sus usuarios.
El análisis plantea que los clientes suelen preferir espacios diferentes de sus propias viviendas o de hoteles para preservar su privacidad. Esto hace que contar con un lugar propio pueda adquirir una importancia particular para quienes desarrollan esta actividad.
Pero acceder a ese espacio no siempre resulta sencillo. Yokhari Marquez Ortiz, trabajadora sexual y coordinadora de Casa Roja AMMAR, describe las dificultades que atraviesa el sector desde su propia experiencia. “Nos alquilan en sitios precarios, no aptos para vivir, porque no queda otra”, cuenta. Según relata, el estigma y las dificultades para cumplir con los requisitos del mercado formal pueden derivar en situaciones de sobreprecio y precariedad.
“Nos cobran el doble por una habitación con humedad y hongos”, afirma. Como ejemplo, menciona que actualmente paga $600.000 por una habitación que describe como “un cuadrado”.
También afecta a quienes trabajan mediante plataformas
Las dificultades habitacionales no se limitan a quienes desarrollan el trabajo sexual de manera presencial. También alcanzan a quienes utilizan plataformas digitales. El Informe Exploratorio Trabajo Sexual y Plataformas Digitales, elaborado por AMMAR y CONICET y publicado en 2025, señala que el 62,7% de las personas encuestadas alquila su vivienda, mientras que apenas el 12% es propietaria.
La imposibilidad de acreditar ingresos formales puede convertirse así en un obstáculo incluso para quienes cuentan con ingresos suficientes para afrontar un alquiler. El resultado es una suerte de doble barrera: primero, ingresar al mercado formal; después, permanecer en él. La falta de documentación laboral o de una garantía puede llevar a buscar alternativas como el subalquiler de habitaciones, pensiones u otras modalidades informales, con menor protección para quienes alquilan.
Una crisis habitacional que excede al trabajo sexual
La situación de las trabajadoras sexuales se inscribe, a su vez, en un escenario habitacional complejo para el conjunto de los inquilinos. La Encuesta Nacional Inquilina de junio de 2026, elaborada por Inquilinos Agrupados, registró que el 29,7% de los hogares inquilinos se encuentra en emergencia habitacional. Además, el 72,9% mantiene deudas y el 38% registra atrasos en los pagos.
En ese contexto, las dificultades específicas de las trabajadoras sexuales se superponen con problemas que afectan a buena parte de quienes alquilan: el aumento de los costos, la necesidad de demostrar ingresos, las dificultades para acceder a garantías y el riesgo de quedar fuera del mercado formal. Sin embargo, el sector suma un componente particular: la discriminación asociada a la actividad.
El estudio realizado por CONICET, UBA y AMMAR registró que el 25% de las trabajadoras sexuales identificó la discriminación por ejercer el trabajo sexual como un obstáculo para acceder a una vivienda.
“Cuando hay problemas enseguida llaman a la Policía”
Para las trabajadoras sexuales organizadas, el estigma constituye una barrera adicional a las exigencias económicas y administrativas. “El hecho de ser trabajadora sexual nos complica por el estigma sobre nuestro trabajo”, sostiene Marquez Ortiz. Desde su perspectiva, las situaciones vinculadas con el alquiler pueden agravarse por la sospecha que genera la actividad y por la manera en que se interpreta la legislación relacionada con la trata de personas. “Cuando hay problemas enseguida llaman a la Policía y a las primeras que señalan somos nosotras”, afirma.
La normativa argentina distingue la trata y la explotación sexual, que constituyen delitos, de otras situaciones vinculadas con el ejercicio de la prostitución. Al mismo tiempo, la legislación sanciona la promoción, facilitación o comercialización de la prostitución ajena y establece que el consentimiento de una víctima de trata no exime de responsabilidad a quienes explotan a esa persona. Para las trabajadoras sexuales organizadas, esa distinción jurídica no siempre se traduce en una sensación de protección. Por el contrario, sostienen que determinadas situaciones pueden derivar en hostigamiento o sospechas sobre quienes alquilan viviendas para desarrollar su actividad.
El debate por los desalojos
A este panorama se suma la discusión sobre el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que obtuvo media sanción en el Senado el 7 de agosto y ahora debe ser tratado por la Cámara de Diputados. El texto aprobado mantiene un capítulo referido a los desalojos y contempla mecanismos destinados a agilizar los procesos judiciales.
Para los sectores que enfrentan mayores dificultades para acceder a un alquiler formal, cualquier modificación en los mecanismos de desalojo adquiere especial relevancia, particularmente cuando la alternativa a perder una vivienda es quedar fuera del mercado formal y recurrir a soluciones habitacionales más precarias.
Un problema atravesado por varias desigualdades
Aunque no existe un nuevo estudio nacional que permita actualizar los porcentajes específicos sobre las dificultades de las trabajadoras sexuales para acceder a una vivienda, el cruce de las fuentes disponibles permite identificar un problema en el que confluyen varios factores.
La informalidad laboral dificulta demostrar ingresos. La falta de garantías limita el acceso a contratos formales. La precariedad habitacional puede derivar en sobreprecios y condiciones deficientes. Y el estigma asociado al trabajo sexual agrega una barrera que no aparece necesariamente en otros sectores de trabajadores informales.
