El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aprobó un nuevo protocolo que obliga a directivos y personal de las escuelas a denunciar a estudiantes mayores de 14 años cuando se sospeche la comisión de hechos tipificados como delito, incluso si ocurren fuera del ámbito escolar.
La norma, que fue votada en el Concejo legislativo el pasado viernes, establece que cualquier indicio de conducta delictiva, como consumo de drogas, violencia o vandalismo, debe ser comunicado a la autoridad judicial competente. El objetivo, según los legisladores, es prevenir la escalada de conductas peligrosas y facilitar la intervención temprana.
Los directores y docentes deberán remitir la información a la Oficina de Protección de la Niñez y a la Fiscalía de Instrucción, bajo la responsabilidad de mantener la confidencialidad de los datos y garantizar el debido proceso. La medida ha generado críticas de organizaciones de derechos humanos, que la califican de excesiva y temen que pueda vulnerar la privacidad de los menores.
