Henley & Partners cotizó hasta US$8.000 por cada ciudadanía vendida. La licitación por asesoría avanzó, pero fue cancelada. Tanto el Ministerio de Economía como la empresa afirman que no existe un acuerdo comercial. El estudio británico ofrece a sus clientes convertirse en argentinos desde el mismo momento en que Caputo lanzó el programa. La asesoría "ad honorem" de Juan Pazo, pieza clave
El programa de “pasaporte dorado” argentino que el ministro Luis Caputo presentó como una propuesta de avanzada de una economía floreciente tenía un negocio de varios millones de dólares detrás.
El estudio británico que se presenta como asesor del Gobierno en la venta de la ciudadanía nacional le ofreció formalmente al Ministerio de Economía hacerse cargo del diseño, lanzamiento y promoción internacional del programa de “pasaportes dorados” a cambio de hasta US$25 millones. La oferta de Henley & Partners consta en el Concurso Público Internacional N° 34-0001-CPU25, que tramitó en el portal oficial de compras del Estado, Compr.ar, entre diciembre de 2025 y abril de este año, según corroboró elDiarioAR.
Ese concurso avanzó, Henley quedó como una de las dos finalistas, pero no llegó a adjudicarse. La firma quedó en segundo lugar, detrás de un competidor mucho más económico. Impugnó el dictamen y, semanas después, Caputo firmó la resolución que dejó todo sin efecto. El viernes pasado —a seis meses de caída de la licitación— el ministro anunció en París la puesta en marcha del programa y la firma británica celebró el lanzamiento como confirmación de que su gestión dio “frutos”. “Contáctenos ahora”, instó Henley & Partners el mismo viernes.
Como informó elDiarioAR, el estudio británico se presenta como líder indiscutido de la venta de pasaportes, una actividad que lo vio envuelto en controversias que involucraron a paraísos fiscales y postulantes provenientes de negocios turbios o directamente delictivos.
La firma con oficina central en Londres fue la concesionaria del programa de ciudadanía de Malta, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró contrario al derecho comunitario en 2025 por tratarse de una naturalización de carácter “transaccional”. Una investigación del Proyecto de Reporte sobre Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP) documentó además que la empresa gestionó ciudadanías caribeñas para clientes que luego fueron acusados de fraude y lavado. Su CEO, Juerg Steffen, ingresó dos veces a la Casa Rosada en 2025, para reunirse con el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y con Lisandro Catalán: dos semanas después del DNU que creó el régimen y dos semanas antes del decreto que lo reglamentó.
La comunición de Henley & Partners sobre el programa de venta de nacionalidad argentina.
Cobrar por cada pasaporte
El llamado a licitación fue rubricado por el propio Caputo mediante la Resolución 1915, del 3 de diciembre de 2025, a pedido de la Secretaría Legal y Administrativa del ministerio. Buscaba contratar por cuatro años un “servicio de consultoría integral para el diseño, implementación, lanzamiento y promoción de un programa de ciudadanía por inversión” para la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión (APCI), el organismo descentralizado de Economía creado por el DNU 366/2025. El ganador debía armar el programa, escribir sus procedimientos, diseñar la estrategia de difusión internacional y vincularse con los actores del negocio para “asegurar un número suficiente de solicitantes”.
Caputo colocó a su allegado Juan Pazo para monitorear el lanzamiento. Se trata de un funcionario que arrastra problemas por la no declaración de una sociedad en Florida que administra al menos un inmueble pese a que estaba a cargo de ARCA, y por su inscripción en la Inocencia Fiscal, esquema que él mismo motorizó para evitar pagar multas e impuestos durante su paso por el ente recaudador.
En la presentación en París, Caputo resaltó el papel de Pazo en el diseño de la venta de la ciudadanía. Su tarea se formalizó el 1 de octubre y es ad honórem, informaron en Economía.
La propuesta de Henley es elocuente para entender el negocio.
Según las bases de la licitación que no llegó a buen puerto, el Estado no pagaría un honorario fijo, sino una tarifa por cada ciudadanía aprobada. La unidad de medida sería el “informe circunstanciado recomendando la aprobación de la solicitud de ciudadanía por inversión” que emite la Agencia de Ciudadanía por Inversión, con un tope de 5.000 casos y un lapso máximo de cuatro años, lo que ocurriera primero. Los rechazos no se pagarían.
Además, el pliego aclaraba que esa tarifa es “independiente de cualesquiera montos que el oferente pudiera percibir posteriormente de los aplicantes/inversores del programa”: la consultora podía cobrarle al Estado por cada pasaporte otorgado y, a la vez, facturarles a los extranjeros que lo compraran. El único límite era que el Estado no le pagaría por los clientes que ella misma captara.
La firma legal británica se presentó en la licitación a través de Henley & Partners Immigration Services FZCO, su sociedad radicada en una zona franca de Emiratos Árabes Unidos. Cotizó una tarifa creciente: US$2.000 por cada una de las primeras mil ciudadanías aprobadas, US$3.500 por las mil siguientes, luego US$5.000 y US$6.500, y US$8.000 por cada pasaporte en el último tramo. En total, US$25 millones si el programa llegaba a las 5.000 aprobaciones. Respaldó la oferta con un seguro de caución por US$1,25 millones.
¿Diez dólares por pasaporte?
Henley no estaba sola. En la apertura de sobres, el 20 de enero pasado, se presentaron otras cinco ofertas. La más llamativa fue la de Asesorías Legal Advisor Limitada, al frente de una unión transitoria bautizada “Consorcio AAPA” e integrada por Apex, AIM Global, Passport Legacy y Arton Capital, una de las principales competidoras de Henley en el mercado mundial de pasaportes. Cotizó US$10 por cada ciudadanía aprobada, y US$50.000 por todo el contrato, una fracción mínima de lo ofertado por la firma británica. Su negocio, se deduce del propio pliego, no estaba en lo que pagara el Estado, sino en lo que cobraría a los inversores.
La oferta pública a Economía que había hecho Henley & Partners para participar del negocio de los "pasaportes dorados" argentinos.
También ofertaron Latitude Consultancy Malta, con una propuesta llamada “AMIGO: Argentina Movilidad e Inversión Gran Oportunidad”, por US$7,5 millones; Ancova Associates, de Dubái, por US$100 millones; Hong Kong Qian Cheng Business, por US$25 millones, y Salzburg International For Law, por US$34,5 millones.
El 5 de marzo, el entonces secretario Legal y Administrativo de Economía, José García Hamilton, firmó el informe técnico económico. Descartó cuatro ofertas por fallas en las garantías, la solvencia o modificaciones indebidas, y dejó en carrera al consorcio con Arton, con 88 puntos, y a Henley, con 48.
Sobre la firma británica, el informe elogió su experiencia en “al menos siete países”, su sistema de debida diligencia “de cuatro niveles” y sus conferencias globales como “plataforma de presentación” del programa. Pero advirtió que su esquema financiero resultaba “engorroso” para la administración pública y que “la proyección de costos totales del proyecto resultaría elevada”. Ese mismo día, la Comisión Evaluadora recomendó adjudicar el contrato al consorcio AAPA.
Las distintas ofertas que habían participado de la licitación pública.
Los siete países con los que operó Henley, ponderados en el dictamen de Economía, son Malta, Antigua y Barbuda, Granada, Nauru, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y —en el único caso de una nación relevante— Turquía.
La impugnación
Henley no aceptó el resultado. Según la Resolución 522/2026, la firma impugnó el dictamen, igual que Latitude. Después de esas presentaciones, la Secretaría Legal y Administrativa produjo un nuevo informe: evaluó que las dos ofertas finalistas eran admisibles, pero sostuvo que subsistían “divergencias relevantes en cuanto a los enfoques propuestos” y que seguir adelante “podría no asegurar el grado de coherencia, integralidad y articulación estratégica requerido”. El 14 de abril pasado, Caputo firmó la anulación del concurso, sin indemnización para los oferentes, y ordenó devolverles a Henley y a Latitude sus garantías de impugnación.
Consultadas por elDiarioAR, fuentes del Ministerio de Economía explicaron que el proceso se dejó sin efecto porque “se reevaluó la pertinencia operativa del proceso a la luz de los objetivos del programa” y se advirtió “una disociación entre las soluciones propuestas por los oferentes y la complejidad sistémica que demanda su ejecución”.
Una semana después de la anulación, el decreto 285/2026 designó a Aixa Granara como directora ejecutiva de la Agencia, también con carácter ad honórem. Trabaja codo a codo con Pazo. Éste es una figura clave del programa, según dijo Caputo en París, pese a que su designación databa del día anterior.
“No actúa en calidad de nada”
Ante la consulta de elDiarioAR, cerca de Caputo dijeron desconocer cualquier reunión o papel relevante de Henley & Partners. Ahora, frente a la evidencia de que la firma fue oferente en un concurso del propio ministerio, evaluada por su Secretaría Legal y Administrativa y alcanzada por una resolución con la firma de Caputo, la respuesta fue: “No existe ningún vínculo contractual con Henley. Por ende, no actúa en calidad de nada”.
La resolución de Luis Caputo que da de baja la licitación por los pasaportes dorados.
Henley coincide en ese punto. En una respuesta enviada por correo electrónico unas 23 horas después de la consulta de elDiarioAR, la responsable global de Relaciones Públicas de la firma, Sarah Nicklin, afirmó que la empresa “no tiene ni ha tenido nunca ningún contrato o mandato remunerado con el Gobierno argentino, y no ha recibido honorarios del Gobierno en ninguna calidad”. La ejecutiva de Henley dijoque la firma “se ha vinculado de manera constructiva con representantes del Gobierno argentino y ha compartido su experiencia internacional y su conocimiento del mercado en relación con el marco propuesto de ciudadanía por inversión de la Argentina”. Y agregó: “Desde el anuncio, hemos visto un fuerte interés de potenciales clientes y asesores a nivel global. Esperamos que ese interés siga creciendo a medida que se publiquen los detalles de implementación pendientes y el programa entre en funcionamiento”.
Es decir: Henley no tiene contrato porque perdió la licitación que buscaba ganar por hasta US$25 millones. Aun así, siguió reuniéndose con funcionarios y, desde el mismo día del anuncio, ofrece el pasaporte argentino a sus clientes.
El pasado 2 de octubre, mientras Caputo y Santilli presentaban el programa en París, la firma difundió que había colaborado con el Gobierno “a través de una serie de talleres y conversaciones”, y publicó en su sitio la oferta “Argentina Citizenship by Investment”, con formulario de contacto y teléfono en Zúrich. Días después subió a Instagram la foto de Steffen en el Patio de las Palmeras: “Durante los últimos 18 meses, Henley & Partners mantuvo numerosas reuniones y trabajó con el Gobierno en Buenos Aires”.
Caputo dijo en París que la idea de la venta del pasaporte argentino surgió de magnates del mundo tecno a los que conoció en Sun Valley, Idaho, Estados Unidos, en 2024, y que a partir de entonces se asesoró con los estudios y firmas que se dedican a ese negocio.
El propio comunicado oficial del anuncio revela que “el Gobierno es asesorado por un grupo de firmas internacionales líderes especializadas en migración por inversión”.
La cartera de Caputo nunca identificó a esas firmas ni explicó bajo qué figura asesoran, dado que no hay contrato ni licitación adjudicada.
MC/SL
