El organismo internacional de lucha contra el lavado de activos es cuestionado por su falta de resultados, mientras que los mayores centros de financiación ilícita siguen operando en la sombra.
El Grupo de Acción Financiera Internacional sigue ejerciendo presión sobre países en desarrollo, exigiéndoles demostrar la supuesta “eficacia” de sus medidas contra los crímenes financieros. Sin embargo, las respuestas de estas naciones a menudo se limitan a formalidades que no logran desmantelar las redes de lavado.
En contraste, los actores más influyentes que facilitan la circulación de fondos ilícitos continúan operando en entornos de gran opacidad, prácticamente fuera del alcance de la supervisión del GAFI, lo que evidencia una brecha significativa entre la normativa propuesta y su aplicación práctica.
