Washington instalará una unidad regional del Departamento de Estado y multiplicará por diez los fondos de cooperación. El nuevo paso de la alianza Milei-Trump se suma al trabajo con el FBI y a los ejercicios militares estadounidenses en Tierra del Fuego.
Estados Unidos dio este lunes un nuevo paso en la expansión de su estructura de cooperación en seguridad dentro de la Argentina. En plena consolidación de las relaciones carnales entre Javier Milei y Donald Trump, Washington creó en Buenos Aires una unidad regional de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) y aprobó un fondo de US$13,35 millones para financiar programas contra el narcotráfico y el crimen organizado en el país y el resto de América Latina.
El movimiento se inscribe en una cooperación bilateral que durante el último año dejó de limitarse a capacitaciones o intercambio de información y comenzó a adquirir una dimensión institucional y operativa mucho mayor. La nueva oficina se suma al trabajo conjunto en inteligencia criminal, interdicción y combate al narcotráfico, pero también a una arquitectura más amplia que incluye al Centro Nacional Antiterrorismo (CNA), acuerdos con el FBI y una creciente cooperación militar que durante septiembre tuvo uno de sus capítulos más sensibles en Tierra del Fuego.
Donald Trump y Javier Milei.
La decisión fue anunciada este lunes por el Ministerio de Seguridad. De los US$13,35 millones, US$7,5 millones serán destinados específicamente a proyectos de cooperación en la Argentina y otros US$5,85 millones financiarán iniciativas regionales de las que también participará el país. Según la información oficial, el nuevo esquema supone multiplicar por diez los recursos de cooperación existentes y permitirá financiar proyectos conjuntos y adquirir equipamiento para fortalecer las capacidades operativas contra organizaciones criminales.
La novedad, sin embargo, excede el aumento presupuestario. La instalación en la Argentina de una unidad con alcance regional de INL, una oficina dependiente del Departamento de Estado estadounidense especializada en narcotráfico y aplicación de la ley, convierte al país en una de las bases desde las que Washington desplegará programas de seguridad para la región.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, presentó el anuncio como una señal del lugar que la Casa Rosada considera haber alcanzado en su relación con los Estados Unidos. “Argentina es un país confiable y nuestros aliados lo saben”, sostuvo, antes de definir directamente a Estados Unidos como un “socio estratégico en seguridad”.
Según explicó la funcionaria, la nueva unidad regional contará con US$7,5 millones para equipamiento, capacitación y proyectos de seguridad, un desembolso que permitirá “multiplicar por diez la inversión en cooperación”. “Frente a organizaciones criminales transnacionales que no reconocen fronteras, trabajamos junto a nuestros socios para proteger a las familias y combatir al crimen organizado en toda la región”, agregó. Monteoliva cerró su mensaje con una fórmula de apenas tres palabras: “Ley y orden”.
El escudo de Trump
La decisión llega apenas dos semanas después de que Milei volviera a encontrarse con Trump en Nueva York durante una nueva reunión del Escudo de las Américas, la coalición regional impulsada por el mandatario estadounidense alrededor de una agenda de seguridad, combate contra el narcotráfico y coordinación frente al crimen organizado transnacional.
Milei había participado en marzo de la primera cumbre del denominado Shield of the Americas en Miami. El Gobierno argentino presentó entonces la iniciativa como una coalición destinada a combatir el crimen organizado y el narcotráfico, frenar la interferencia de actores externos en el hemisferio y enfrentar la inmigración ilegal.
Javier Milei participando del Escudo de las Américas.
Desde entonces, la iniciativa comenzó a ganar contenido político. En la segunda reunión, realizada en septiembre durante la Asamblea General de Naciones Unidas, Trump pidió a los países integrantes que consideraran a los grupos narcotraficantes como amenazas comunes y reclamó sanciones contra organizaciones que Estados Unidos designó como terroristas.
En la Argentina, el despliegue tiene un antecedente directo en el terreno de la inteligencia. En octubre del año pasado, Milei creó por decreto el Centro Nacional Antiterrorismo, bajo la órbita de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), con la misión de integrar, analizar y compartir información, diseñar estrategias y coordinar la respuesta estatal frente a amenazas terroristas.
Cristian Auguadra y José Lago Rodríguez junto al embajador estadounidense Peter Lamelas, durante la inauguración del Centro Nacional Antiterrorismo (CNA).
Pocos días después de su creación, el Gobierno avanzó un paso más. El Ministerio de Seguridad, la SIDE y el FBI firmaron un acuerdo para fortalecer el intercambio de información, la asistencia técnica y la cooperación operativa entre la agencia estadounidense y el CNA, particularmente en la identificación de grupos terroristas, sus fuentes de financiamiento, organizaciones criminales y redes de lavado de activos. Otro convenio incorporó asistencia estadounidense para el nuevo Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal.
Marines en el sur
Hay otro terreno en el que la relación entre Milei y Trump se hizo particularmente visible durante las últimas semanas: la cooperación militar. En medio de la narrativa libertaria de defensa de la soberanía por Malvinas, el Comando Sur de Estados Unidos difundió durante los últimos días una serie de fotografías de los ejercicios que marines estadounidenses realizaron en septiembre en Tierra del Fuego junto al Batallón de Infantería de Marina N°4 (BIM 4) de la Armada Argentina.
Las imágenes y sus epígrafes mostraron un entrenamiento con un contenido táctico mayor al que había descripto inicialmente la fuerza argentina. En ellas aparecen militares realizando prácticas de rescate en grietas de glaciar, un simulacro de “contacto con el enemigo”, desplazamientos tácticos y un desembarco anfibio en un bote de asalto.
Marines de EE.UU. entrenando en Ushuaia.
La primera publicación mostró a un integrante del Marine Corps Mountain Warfare Training Center escalando una pared de hielo durante lo que el Comando Sur definió como un “entrenamiento bilateral”. Otras imágenes exhibieron a un marine estadounidense apuntando su fusil durante un simulacro orientado al “movimiento táctico, patrullaje y respuesta ante contacto enemigo en terreno montañoso” y a efectivos de ambos países realizando un desembarco anfibio.
El contraste con la explicación inicial de la Armada fue notorio. Cuando la presencia estadounidense tomó estado público, la fuerza argentina habló de un “intercambio de expertos en clima frío” con ocho infantes norteamericanos entre el 8 y el 22 de septiembre. Enumeró prácticas de baja montaña y frío extremo, uso de crampones y raquetas, esquí, supervivencia y movilidad. No mencionó simulacros de combate ni desembarcos anfibios.
La Ley 25.880 establece un procedimiento para la autorización del ingreso de tropas extranjeras y exige informar, entre otras cuestiones, la cantidad de efectivos, el equipamiento, las ubicaciones, las fechas y los objetivos de los ejercicios. La Constitución, además, reserva al Congreso la atribución de permitir la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional.
Los marines de EE.UU. en ejercicio en Tierra del Fuego.
Durante los últimos meses, el Gobierno recurrió a decretos para habilitar otros ejercicios con militares estadounidenses sin esperar el tratamiento del Congreso. El DNU 697/2025, firmado en septiembre del año pasado, autorizó el ingreso de hasta 30 integrantes de las fuerzas especiales navales norteamericanas para participar del ejercicio “Tridente”, con la Base Naval Ushuaia entre sus sedes.
En abril, otro decreto habilitó la llegada de unos 50 militares estadounidenses para el ejercicio “Daga Atlántica” y la participación de personal vinculado al portaaviones USS Nimitz y al destructor USS Gridley en maniobras realizadas en la Zona Económica Exclusiva argentina. Para el entrenamiento de septiembre en Tierra del Fuego, en cambio, no se publicó una norma equivalente en el Boletín Oficial.
PL
