La empresa busca reestructurar sus deudas y sostener su continuidad. El expediente fue presentado ante la Justicia comercial el 2 de octubre. En agosto transportó 1.865 pasajeros de cabotaje, contra 254.533 en el mismo mes de 2025.
Flybondi inició un proceso de concurso preventivo de acreedores para reestructurar sus pasivos y evitar una eventual quiebra, en medio de una fuerte caída de su actividad y de una acumulación de deudas y reclamos.
La presentación de FB Líneas Aéreas S.A., la sociedad que opera bajo la marca Flybondi, ingresó el 2 de octubre en la Justicia comercial. El expediente quedó radicado en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N.º 24, a cargo del juez Guillermo Mario Pesaresi, y tramita ante la Secretaría N.º 47, encabezada por Santiago Medina.
El trámite fue iniciado por el estudio jurídico Grispo. El expediente figura por ahora “En despacho” y no registra resoluciones ni actuaciones públicas que permitan conocer cuál fue la primera posición adoptada por el juzgado.
El concurso preventivo permite a una empresa en dificultades económicas negociar con sus acreedores dentro de un proceso judicial. La herramienta busca ordenar las obligaciones pendientes y preservar la continuidad de la actividad.
Una caída abrupta de la actividad
El deterioro de Flybondi también se refleja en la cantidad de pasajeros que transporta. De acuerdo con los datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) incluidos en el material, en agosto de 2025 la compañía había trasladado 254.533 pasajeros en vuelos de cabotaje, con una participación del 17% del mercado doméstico.
En agosto de 2026 fueron apenas 1.865 pasajeros, equivalentes al 0,1% del mercado. En un año, la empresa perdió más de 252.000 pasajeros en vuelos de cabotaje.
La contracción de la actividad coincide con una reducción significativa de la flota disponible. Actualmente, tres aeronaves permanecen en territorio argentino sin actividad comercial, mientras que otras diez fueron restituidas a sus arrendadores.
Algunas de las aeronaves devueltas todavía conservan matrícula argentina y permanecen en el país mientras completan los procedimientos técnicos y contractuales conocidos en el sector como redelivery.
Reclamos y obligaciones pendientes
El cuadro financiero que llevó a la compañía a recurrir a la Justicia incluye deudas y reclamos que superan los 4.000 millones de pesos. La cifra podría llegar a unos 4.600 millones si se contabilizan intereses y costas asociados a distintos embargos.
Entre los acreedores aparecen la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), Intercargo, proveedores de combustible, arrendadores de aviones y talleres de mantenimiento. También existen reclamos laborales y pedidos de devolución de dinero de pasajeros afectados por cancelaciones y modificaciones de vuelos.
Por otra parte, dos aeronaves que se encuentran fuera de la Argentina acumularían obligaciones por aproximadamente 5,5 millones de dólares relacionadas con trabajos de mantenimiento.
La disputa entre los accionistas
La crisis financiera se produjo además en medio de una disputa entre los principales accionistas de la compañía, que tomó estado público en agosto. Uno de los protagonistas es COC Global, fondo que ingresó en mayo de 2025 y aportó más de 70 millones de dólares para sostener la operación. El otro es Cartesian Capital Group, accionista histórico de Flybondi y con representación en el directorio.
En un comunicado difundido durante el conflicto, COC Global vinculó parte de las dificultades de la empresa con los embargos dispuestos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre sus cuentas bancarias. Según el fondo, esas medidas habían afectado la capacidad de Flybondi para afrontar pagos y obligaciones corrientes.
COC Global también afirmó que, después de que en julio de 2026 trascendieran presuntas irregularidades atribuidas a la gestión anterior, Cartesian no había respondido a sus pedidos para avanzar en una normalización financiera y operativa.
El fondo había planteado entonces la posibilidad de recurrir a la Justicia argentina y a tribunales del exterior.
Ahora, con la apertura del concurso preventivo, la empresa deberá afrontar bajo supervisión judicial la negociación con sus acreedores y definir un esquema para reordenar sus obligaciones.
