El Ejecutivo argentino impulsa una norma que modifica las funciones de las Fuerzas Armadas y otorga a una entidad la potestad de realizar investigaciones administrativas, bajo el argumento de proteger la soberanía de las Islas Malvinas.
Según fuentes oficiales, la nueva legislación busca ampliar la participación de los cuerpos militares en tareas de seguridad interna, argumentando que la disputa por la soberanía de las Malvinas requiere una mayor coordinación entre defensa y gobierno.
Al mismo tiempo, el proyecto concede a un organismo estatal la capacidad de iniciar indagaciones administrativas cuyas conclusiones podrían mantenerse confidenciales, lo que ha generado críticas de sectores que temen una falta de transparencia y un posible uso político de dichas investigaciones.
