En su momento, el gobierno había dejado trascender que no le interesaba designar nuevos jueces en la Corte Suprema. Sin embargo, todo parece indicar que la aprobación de 74 pliegos de jueces y fiscales entusiasmó a más de uno de la Casa Rosada y ahora van por la cabeza del Poder Judicial. Para lograrlo, el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, redactaron y firmaron un decreto que modifica dos decretos, el 222 de junio de 2003 y 588 de agosto de ese mismo año. La modificación prevista ataca el corazón de ambos decretos cuando plantea la eliminación, en el proceso de transparencia de la elección de los supremos, de las impugnaciones, la participación ciudadana y, sobre todo, reflejar las diversidades de género, especialidad y procedencia regional de los propuestos. En cambio, en el gobierno hablan de que lo que se pretende es simplificar el procedimiento y “modernizar”, término al que recurren cuando lo que quieren hacer es flexibilizar.
