Ante un gobierno que avanza con el desguace del plan nuclear argentino —con despidos masivos en la Comisión Nacional de Energía Atómica, la privatización de activos estratégicos y la cesión de soberanía—, la oposición en el Congreso puso en marcha iniciativas para proteger al sector. El plan que circula entre los bloques de la Cámara baja podría ser similar a la que se utilizó para hacer caer los decretos delegados que desmantelaban el INTI y el INTA. Todo ocurre mientras el Gobierno anuncia la construcción de un reactor nuclear modular en Atucha, financiado con capitales privados estadounidenses, pero con patente argentina. Así, el Ejecutivo delegará capacidades estatales al sector privado y dejará conocimiento acumulado durante décadas en manos de una empresa norteamericana. “Será un privado el que expanda la matriz energética argentina y la frontera tecnológica de nuestro país”, celebró el vocero presidencial, Adrián Ravier. En plena transición energética, Argentina cuenta con recursos y tecnología para convertir ese proceso en un motor del desarrollo industrial. Sin embargo, el Gobierno elige contradecir la tendencia global de reindustrialización, protección de capacidades locales y búsqueda de autonomía tecnológica.
