La Corte Suprema anuló el artículo del DNU 70/23 que había revocado la Ley de Tierras, facilitando así el proyecto del presidente Milei de transferir la propiedad de la tierra a manos privadas.
Los magistrados consideraron que la disposición del decreto de urgencia vulneraba la normativa constitucional, por lo que decidieron restablecer la legislación anterior que regula la tenencia de la tierra en el país.
Esta decisión abre paso a la iniciativa del gobierno, que había intentado reformar la Ley de Tierras sin éxito en el Senado, y ahora cuenta con el aval del máximo tribunal para avanzar en la privatización de extensas áreas rurales.
