Ante la nueva normativa provincial que duplicaría los gastos de seguridad, muchos edificios de Bahía Blanca se ven forzados a clausurar sus piletas por la falta de personal de salvamento.
La reciente legislación provincial establece que cada piscina debe contar con guardavidas certificado, lo que encarecería considerablemente los costos de mantenimiento para los consorcios. Según estimaciones de los administradores, las cuotas de los propietarios podrían duplicarse, generando una carga económica insostenible.
Además, la oferta de guardavidas disponibles es insuficiente para cubrir la demanda que la norma crea, lo que complica aún más la viabilidad de mantener abiertas las piscinas comunitarias. Como consecuencia, varios edificios ya están evaluando la posibilidad de cerrar sus instalaciones acuáticas hasta que se encuentren soluciones más viables.
