La normativa educativa obliga a los docentes a identificar precozmente problemas emocionales, mientras se reduce la infraestructura de salud mental comunitaria.
Según la política oficial, los maestros deben actuar como primeros vigilantes de trastornos subjetivos en sus alumnos, asumiendo una responsabilidad que antes correspondía a los servicios de salud. Esta medida se implementa en un contexto donde la red de atención psicológica a nivel local está siendo recortada.
Los expertos advierten que trasladar la carga de detección a las escuelas sin contar con un soporte adecuado puede generar más vulnerabilidad entre los jóvenes, al tiempo que la disminución de recursos en la red de salud mental limita las posibilidades de intervención oportuna.
