El juez Pollicita extendió la pesquisa a los años 1998‑2000 y requirió que el exfuncionario entregue las direcciones de bitcoin que usó para explicar el aumento de su patrimonio.
La investigación, que ya había señalado irregularidades en la evolución patrimonial de Adorni, ahora incluye un período anterior, con el objetivo de esclarecer el origen de los recursos que incrementaron su fortuna.
El magistrado ordenó que se accedan a los registros de las billeteras virtuales vinculadas al exfuncionario, con el fin de contrastar la información declarada y determinar si existen indicios de lavado de dinero o enriquecimiento ilícito.
