Tras la presentación del proyecto de juicio político a los ministros de la Corte Suprema, Juntos por el Cambio redobló su amenaza de paralizar el Congreso, mientras el Frente de Todos llamó a la oposición a dar el debate parlamentario. Diputados y funcionarios del oficialismo advirtieron que la estrategia de “bloquear todos los proyectos” hasta que se deje sin efecto el juicio
político es “un acto de extorsión parlamentaria”. En la otra vereda, los legisladores de JxC justificaron su apuesta y culparon al oficialismo por no acordar previamente una agenda con la oposición.
“Lo que ellos no quieren es que empecemos el juicio, que va a ser público y televisado de cara a la sociedad”, afirmó el diputado Eduardo Valdés (FdT). “Si bien la oposición dice que no dará quórum, con
el devenir de las pruebas contundentes” sobre el mal desempeño de los magistrados, el oficialismo “podría sumar
mayores respaldos y construir mayorías” para avanzar con el juicio político, estimó.
Juan Manuel López, presidente del bloque de la Coalición Cívica-ARI en Diputados, admitió por su parte que el Congreso “va a estar trabado por un tiempo”. “Espero que se destrabe, ojalá pueda funcionar en el último año del gobierno del Frente de Todos con cierta normalidad”, dijo, aunque justificó la estrategia cambiemita de negar el quórum para frustrar los debates. “Cuando el oficialismo decide la agenda no puede no esperar que si no la acuerda con la oposición haya una reacción, que en este caso es trabar algunas leyes, que no van a solucionar la vida de los argentinos”, minimizó. “No se puede poner de rehén a la población en una pelea de poder”, agregó, y consideró que “hay que acostumbrarse a que va a haber gobiernos con parlamentos repartidos” en lugar de “oficialismos con mayoría en dos cámaras”.
Sobre el pedido de juicio político, López lo enmarcó “en un contexto de una cantidad de proyectos para dominar al Poder Judicial”. “Los números en el Congreso no están para destituir pero sí para desgastar, para desprestigiar”, razonó, y consideró que se trata de “una iniciativa peligrosa, que desgasta a las instituciones y a la política, que va a estar discutiendo un problema del poder y no los problemas de la sociedad”. Opinó que el escándalo de los chats entre funcionarios de JxC, magistrados y operadores de la Corte “fueron la excusa” para impulsar el juicio político.
“No quieren tratarlo (el pedido de juicio político) porque todos los argentinos podrán presenciar un debate sobre la conducta ética de los cuatro integrantes de la Corte”, afirmó por su parte Agustín Rossi, ex diputado y ex ministro, actual titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). “Pueden no dar quórum y rechazar un proyecto como el juicio político a la Corte, pero no bloquear todos los proyectos. Decir que van a frenar el Congreso es una extorsión. Estamos frente a un acto de extorsión parlamentaria”, señaló Rossi. Consideró que la oposición tomó esta decisión “porque no quieren que se debata la conducta de los magistrados de la Corte”.
“La cuestión de los chats puso en evidencia a la mafia conformada por el Poder Judicia”, sostuvo Rossi en referencia a las indicaciones que Silvio Robles, mano derecha del titular de la Corte, Horacio Rosatti, le daba a Marcelo D'Alessandro, ministro de Horacio Rodríguez Larreta en CABA, para obtener un fallo favorable en el litigio por los fondos coparticipables. El dirigente santafecino enmarcó el juicio político en la persistente oposición de los medios hegemónicos a los gobiernos populares.
A su vez, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, destacó que “hay un conjunto muy importante de gobernadores que respaldan el juicio político” y advirtió que “hay que explicar muy claramente qué sucedería en cada provincia con ese fallo de la Corte referido a la coparticipación” porque “muchas obras que están en marcha no podrían seguir”. El funcionario nacional consideró que existe “un proceso de captura de las instituciones, sobre todo de la Justicia, por parte de grupos económicos que pretenden proteger sus privilegios”. Los chats de D’Alessandro con Robles y con el empresario Marcelo Violante, favorecido con el servicio de acarreos en CABA, pusieron en evidencia “una discusión entre dos modelos” de país, reflexionó. “Lo que vimos (en esos chats) los representa (a los integrantes de Juntos por el Cambio) en su naturaleza y esa es su ética, así son en lo cotidiano. Es por eso que tiene que haber comprensión política de lo que hay en disputa en las próximas elecciones”, apuntó. “Está en disputa cómo se construye una sociedad más democrática y cómo garantizamos este proceso para no quedar rehenes de algunos grupos económicos”, redondeó.
