Un juez de Barcelona acordó dejar a un paso del juicio a Oscar Pierre, fundador de la plataforma de reparto, por un delito contra los derechos de los trabajadores, como pedían la Fiscalía yConfederación General del Trabajo española.
Un juez de Barcelona que investiga al fundador de Glovo acordó sentar en el banquillo a Oscar Pierre por un delito contra los derechos de los trabajadores. Fue al considerar que mantenía como falsos autónomos a sus repartidores pese a las sentencias que lo obligaban a contratarlos como empleados.
Así lo decidió el juez en un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que rechaza archivar la causa, como solicitaba Pierre, y atiende la petición de la Fiscalía y Confederación General del Trabajo (CGT) de España, que reclamaban enviar a juicio al empresario.
El auto es una nueva resolución judicial que desnuda el modelo laboral de uno de los emprendedores más elogiados en España (el president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, se hizo una foto por los diez años de Glovo con Pierre pese a estar imputado).
El magistrado destaca que mantener como falsos autónomos a los repartidores “menoscaba y suprime los derechos a los trabajadores”, además de no estar permitido por la legislación laboral.
La relación “en apariencia mercantil” de la empresa con sus repartidores, es decir, como falsos autónomos, permitió a Glovo “reducir sus costes empresariales, al no garantizar un salario profesional conforme a la jornada de trabajo realizada, y al poder dejar de ingresar a la Seguridad Social las cantidades correspondientes a las cotizaciones laborales”, resalta el magistrado.
En su resolución, el juez indica que Glovo “continuó manteniendo la misma relación” laboral con sus repartidores pese a las resoluciones judiciales a favor de los riders.
El consejero delegado de Glovo, según el juez, no solo no contrató como empleados a los repartidores, sino que éstos “se vieron obligados a darse de alta como autónomos y a abonar sus propias cotizaciones si querían continuar prestando los servicios para la empresa”.
La denuncia de la Fiscalía que inició el caso que ahora terminará en un juicio fue el último paso de la lucha de las autoridades laborales contra el modelo de falsos autónomos en el que se sustentó el modelo de negocio de Glovo y que el Supremo declaró ilegal.
El Ministerio de Trabajo impulsó la ley Rider para vetar estas prácticas, y Pierre, antes de su declaración como imputado en Barcelona en 2024, anunció que la firma dejaría atrás su modelo y contrataría a sus repartidores.
En su resolución, el juez remarca que Glovo “no acreditó” en sus respuestas a la Inspección de Trabajo que hubiera regularizado a los trabajadores tras la sentencias que le obligaban a cesar la relación como falsos autónomos.
La empresa, agrega el instructor, “se limitó a contestar que no se mantenía” la relación de falsos autónomos, aunque, para el juez, “la realidad incuestionable era que los trabajadores continuaron realizando sus labores” sin ser contratados, pese a las sentencias laborales a favor de los repartidores.
A lo largo de más de un año de instrucción, tanto los repartidores como los inspectores de Trabajo que han comparecido han ratificado que Glovo no regularizó a los falsos autónomos pese a las sentencias judiciales que le obligaban a contratarles como empleados, extremo que desmiente la defensa de Pierre, quien asegura que la empresa siempre operó legalmente.
Pierre continúa con un frente judicial abierto en Barcelona tras una importante victoria de la Seguridad Social frente a la compañía en su pelea judicial millonaria por las cotizaciones sociales de sus repartidores. La Audiencia Nacional tumbó una de las sentencias de lo contencioso-administrativo favorables a la multinacional, que avalaron su sistema de 'riders' autónomos pese a la condena del Supremo de 2020, y que Glovo había utilizado como tesis defensiva en la causa de Barcelona.
