El director ejecutivo y su segundo pusieron sus cargos a disposición este miércoles, en medio de la crisis por las prestaciones. El Ministerio de Salud no aceptó las dimisiones y la Casa Rosada decidió postergar los cambios mientras avanza una reconfiguración interna del organismo.
Mientras la Casa Rosada concentraba este miércoles todos sus esfuerzos en asegurar los votos para la sesión del Senado, otra crisis amenazó con abrir un nuevo frente para el Gobierno. Por la mañana, el director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguízamo, y su segundo, Carlos Zamparolo, pusieron a disposición sus renuncias en medio del creciente deterioro político que atraviesa la obra social de los jubilados. La noticia comenzó a circular rápidamente entre funcionarios y dirigentes del oficialismo, hasta el punto de que distintos medios dieron por consumada la salida de ambos. Sin embargo, pocas horas después llegó la desmentida. “Falso”, repetían desde distintos despachos oficiales.
Esa versión, sin embargo, solo reflejaba una parte de la historia. Según pudo reconstruir elDiarioAR a partir de distintas fuentes con conocimiento de las negociaciones, tanto Leguízamo como Zamparolo efectivamente intentaron dar un paso al costado durante la jornada del miércoles, aunque el Ministerio de Salud decidió no aceptarlo. La decisión no respondió a una ratificación de confianza en la conducción del organismo sino a una intervención política de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que ordenó poner paños fríos y postergar cualquier definición hasta que exista un esquema de reemplazos.
Mario Lugones y Esteban Leguizamo.
La intervención de Karina no modificó el diagnóstico que circula dentro del propio Gobierno. Varias voces coinciden en que la continuidad de las actuales autoridades tiene fecha de vencimiento y que la salida de ambos funcionarios forma parte de una reconfiguración más amplia que desde hace varios meses atraviesa al PAMI. La discusión ya no pasa por si habrá cambios sino por cuándo se producirán y quién terminará ocupando uno de los organismos con mayor presupuesto y despliegue territorial del Estado.
La situación de Leguízamo y Zamparolo venía deteriorándose desde abril, cuando el PAMI comenzó a quedar bajo una presión creciente por el empeoramiento de las prestaciones, las dificultades para acceder a medicamentos y las demoras en distintos servicios. Desde abril creció la judicialización del sistema. Según describen trabajadores del organismo, cada vez son más los afiliados que recurren a la Justicia para obtener prestaciones que antes se resolvían administrativamente.
Los trabajadores del PAMI alertan hace meses del ajuste en el organismo.
“Hoy el sistema funciona a base de amparos”, resumió un trabajador con años de experiencia en el PAMI. “Hay geriátricos que no cobran porque el PAMI no autoriza las prestaciones. Entonces las familias presentan un amparo y recién ahí consiguen que se las paguen. Si hacés un amparo, lo tenés; si no, no lo tenés”, describió. Distintas fuentes sostienen que la misma lógica comenzó a extenderse a otras prestaciones médicas y que el creciente volumen de amparos refleja el deterioro de la capacidad de respuesta del organismo.
Otros cambios
La reconfiguración coincidió además con otros cambios dentro del área sanitaria. A principios de julio dejó el Ministerio de Salud Guido Giana, uno de los principales colaboradores de Mario Lugones y responsable de la coordinación administrativa de la cartera. Oficialmente, cerca del exfuncionario atribuyeron la decisión al desgaste acumulado por la gestión y aseguraron que había decidido dar un paso al costado. Sin embargo, dentro del propio Gobierno también circularon versiones que vinculaban su alejamiento con diferencias en torno al manejo de los recursos del ministerio.
Los cambios en el área de Salud, sin embargo, todavía no terminaron. Un dato que llamó la atención en el último tiempo fue el desembarco de funcionarios provenientes del Ministerio de Justicia. La designación de Luciana Campos al frente de Recursos Humanos se sumó al protagonismo creciente de la síndica general María Florencia Zicavo y a otros nombramientos de perfiles similares. En distintos despachos del organismo interpretan esos movimientos como parte de un avance del armado político de Karina Milei sobre una estructura históricamente estratégica por su presupuesto y su despliegue territorial. “La duda es qué va a pasar con los caputistas”, admitió un funcionario que sigue de cerca la reconfiguración.
En abril, Zicavo fue designada como síndica general del PAMI después de ser la jefa de gabinete del Ministerio de Justicia
En ese escenario, la figura de Zamparolo aparece como una pieza central. Aunque formalmente ocupa el cargo de subdirector ejecutivo, desde hace años es quien concentra el manejo operativo y presupuestario del organismo. Cercano a Santiago Caputo, y con influencia sobre contrataciones, convenios y ejecución de recursos, puertas adentro del PAMI es señalado como el verdadero administrador de la obra social. “Es el que corta la torta”, resumió un dirigente con conocimiento de la estructura interna.
Su eventual salida, por eso, excede un simple recambio de nombres. Distintas fuentes consultadas coinciden en que alrededor del PAMI conviven intereses políticos y económicos de enorme magnitud. “Es un tema de cajas y de la futura campaña”, arriesgó un dirigente que sigue de cerca las negociaciones, en referencia al peso territorial que conserva la obra social a través de sus delegaciones distribuidas en todo el país y a la importancia de su presupuesto para el armado político del oficialismo de cara al 2027.
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