El Gobierno solicitó medidas provisionales contra las actividades hidrocarburíferas en la Cuenca Malvinas Norte. Las audiencias se realizarán el 10 y 11 de noviembre en Hamburgo, Alemania.
El Gobierno argentino confirmó este viernes que avanzará con su reclamo contra el Reino Unido ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con el objetivo de frenar las actividades de explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, en aguas próximas a las Islas Malvinas, sobre las que ambos países mantienen una disputa de soberanía.
La presentación busca que el organismo internacional dicte medidas provisionales para impedir que continúen las operaciones petroleras autorizadas unilateralmente por las autoridades británicas. El tribunal celebrará audiencias los próximos 10 y 11 de noviembre en Hamburgo, Alemania, donde ambas partes expondrán sus posiciones.
Según informó la Oficina del Presidente, la Argentina presentó formalmente la solicitud el pasado 13 de octubre, en el marco de una estrategia jurídica destinada a proteger los recursos naturales y los derechos soberanos del país sobre la plataforma continental.
La iniciativa fue elaborada conjuntamente por equipos de la Secretaría Legal y Técnica, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Economía y la Procuración del Tesoro de la Nación.
El planteo argentino apunta a evitar que las actividades hidrocarburíferas impulsadas por el Reino Unido afecten los recursos naturales de la zona mientras se desarrolla el procedimiento internacional correspondiente.
El reclamo está vinculado con el desarrollo petrolero en la Cuenca Malvinas Norte, donde se encuentra el proyecto Sea Lion, impulsado por las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum. La Argentina cuestiona las autorizaciones otorgadas por las autoridades británicas para avanzar con la explotación de esos recursos sin su consentimiento.
Para respaldar su posición, el Ejecutivo convocó a tres especialistas en derecho internacional con experiencia en litigios vinculados con la soberanía territorial, los recursos naturales y la resolución de controversias entre Estados.
Uno de ellos es Marcelo Kohen, exsecretario general del Institut de Droit International y exjuez ad hoc del Tribunal Internacional del Derecho del Mar. El jurista participó en la representación argentina durante el conflicto por la Fragata Libertad, que culminó en 2012 con una resolución del tribunal que ordenó la liberación del buque como medida provisional.
También integra el equipo Nico Schrijver, expresidente del Institut de Droit International y de la International Law Association, especializado en cuestiones relacionadas con la soberanía de los Estados sobre sus recursos naturales.
El tercer especialista convocado es Agustín Giustiniani, profesor de la Maestría en Solución de Controversias Internacionales de Ginebra (MIDS).
La participación de estos juristas forma parte de la estrategia del Gobierno para fundamentar el pedido de medidas provisionales ante el organismo internacional.
En su comunicado, el Ejecutivo reafirmó la posición histórica argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, así como de los espacios marítimos circundantes.
También sostuvo que continuará defendiendo los derechos del país sobre los recursos naturales de esas áreas y que rechazará cualquier actividad unilateral británica que considere contraria a sus derechos soberanos.
Por su parte, el Reino Unido rechaza el planteo argentino y sostiene que las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos autorizadas en torno a las islas se desarrollan dentro del marco legal que considera aplicable al territorio.
La controversia que llegará al tribunal de Hamburgo no tiene por objeto resolver la disputa de soberanía sobre las Malvinas, sino determinar si corresponde adoptar medidas provisionales para detener las actividades petroleras cuestionadas por la Argentina mientras se sustancia el procedimiento internacional.
Las audiencias del 10 y 11 de noviembre constituirán así una nueva instancia del conflicto diplomático y jurídico entre ambos países por el aprovechamiento de los recursos naturales del Atlántico Sur.
Con información de la agencia NA
