El Gobierno consiguió la media sanción de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero debió resignar dos capítulos centrales. En la Casa Rosada cuestionan el circuito directo con el que el ministro de Desregulación impulsa sus proyectos y también la negociación de la senadora.
La media sanción de una acotada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada dejó en la Casa Rosada una sensación bastante menos celebratoria de la que suele acompañar las victorias legislativas del oficialismo. El Gobierno consiguió que el Senado aprobara uno de los proyectos que Javier Milei había incluido entre sus prioridades para el segundo semestre, pero lo hizo después de resignar buena parte de la iniciativa original y comprobar, una vez más, que los votos de sus aliados tienen límites. El resultado abrió además una ronda de pases de factura que alcanzó tanto al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, padre de la iniciativa, como a Patricia Bullrich, encargada de conducir la negociación en la Cámara alta.
La discusión comenzó incluso antes de que los senadores se sentaran en sus bancas. El proyecto había llegado al Congreso con dos capítulos particularmente sensibles: la modificación de la Ley de Tierras, que flexibilizaba las restricciones para la compra de campos por parte de extranjeros, y los cambios a la Ley de Manejo del Fuego. Ninguno de los dos sobrevivió al recorrido por el Senado. El primero fue retirado previo a la sesión ante la evidencia de que no estaban los votos y el segundo terminó cayéndose durante la votación, después de que los bloques provinciales dejaran en claro que tampoco estaban dispuestos a acompañarlo.
Bullrich este jueves en el recinto del Senado.
La poda dejó al proyecto reducido a cuatro capítulos y concentrado fundamentalmente en dos aspectos: la agilización de los desalojos y las modificaciones al régimen de expropiaciones. El oficialismo logró así la media sanción y giró el texto a Diputados, aunque a costa de desprenderse de algunas de las reformas que habían convertido a la iniciativa en una de las apuestas más ambiciosas de la agenda desreguladora de Milei, que comenzó con el DNU 70/2023.
Puertas adentro, mientras los hermanos Milei se encontraban de gira por Ecuador y Colombia, el traspié volvió a poner bajo la lupa una dinámica que hasta ahora había sido tolerada por las distintas terminales del oficialismo. Sturzenegger mantiene desde la creación ad hoc del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, en julio de 2024, un canal prácticamente directo con el Presidente para impulsar reformas. El ministro trabaja los proyectos con su equipo, se los presenta a Milei y, cuando consigue su aprobación, avanza con ellos sin que necesariamente atraviesen previamente el circuito político que controla Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia.
Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger.
No es una modalidad nueva. En buena medida, el ministerio que Milei creó a medida de Sturzenegger nació precisamente para institucionalizar ese mecanismo y darle al economista capacidad para revisar regulaciones y promover reformas en distintas áreas del Estado. Durante mucho tiempo, los resultados alcanzaron para amortiguar las objeciones. Pero el episodio de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada comenzó a alimentar una pregunta que hasta ahora circulaba con bastante menos intensidad: quién mide la viabilidad política de las iniciativas antes de que el Gobierno decida convertirlas en una batalla legislativa.
En sectores del karinismo señalan especialmente la falta de timing con la que se impulsó el proyecto y cuestionan que una iniciativa con consecuencias directas sobre los intereses de las provincias haya avanzado sin una instancia política previa capaz de detectar las resistencias. El problema, advierten, no fue solamente que hubiera artículos controvertidos, sino que la Casa Rosada terminó descubriendo en plena negociación parlamentaria que algunos de sus aliados habituales no estaban dispuestos a acompañarlos.
La discusión toca un punto particularmente sensible en el funcionamiento interno del Gobierno. Karina Milei construyó durante los últimos dos años un esquema cada vez más centralizado para controlar el vínculo con gobernadores y aliados provinciales. El método de Sturzenegger funciona, en los hechos, por un carril diferente: la legitimidad de sus proyectos proviene directamente de la aprobación presidencial. Mientras las iniciativas avanzan, ambas lógicas pueden convivir. Cuando aparecen derrotas o concesiones importantes, la ausencia de una instancia de coordinación se vuelve mucho más visible.
Federico Sturzenegger y Javier Milei.
Pero Sturzenegger no fue el único destinatario de los reproches. Parte de las miradas también se dirigieron hacia la propia Bullrich, que había quedado a cargo de reunir los votos necesarios en el Senado. La exministra de Seguridad había demostrado durante los últimos meses capacidad para articular acuerdos con bloques dialoguistas y fuerzas provinciales, pero esta vez encontró una resistencia que no consiguió doblegar.
Bullrich terminó admitiendo las dificultades apenas abandonó el recinto. En una entrevista con TN en la puerta del Congreso, con la sesión ya terminada, vinculó el traspié con el tiempo que el Senado permaneció prácticamente paralizado durante la crisis que atravesó Manuel Adorni y, posteriormente, con el Mundial. “Durante meses fue muy importante que cada vez que se hablaba de algo, se hablaba de Adorni; después vino el Mundial”, sostuvo.
La senadora incluso dejó planteado que el desenlace podría haber sido otro si el Gobierno hubiera llevado la iniciativa al recinto algunos meses antes. “Seguramente se hubiera aprobado. Con la ley de Tierras, con todo”, se lamentó durante la madrugada. Su explicación introdujo una variable incómoda para la Casa Rosada, pero también funcionó como una manera de responder anticipadamente a los cuestionamientos por no haber conseguido esta vez los votos necesarios para sostener el proyecto completo.
No era la primera vez que Bullrich marcaba diferencias alrededor de aquella decisión. Durante los meses en los que Adorni quedó bajo presión por su situación judicial, había advertido puertas adentro sobre el costo político que implicaba sostenerlo y sobre las consecuencias de mantener prácticamente congelada la actividad de la Cámara alta para impedir que la oposición avanzara con su interpelación.
Lo cierto es que el episodio expuso una dificultad más amplia para el oficialismo. La mayoría que Milei consiguió construir en distintas votaciones desde el comienzo de su gestión nunca funcionó como una coalición estable, sino como una suma cambiante de acuerdos con gobernadores y bloques provinciales. La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada volvió a mostrar hasta dónde puede estirarse esa alianza: los mismos senadores que están dispuestos a acompañar al Gobierno en reformas nacionales pueden tomar distancia cuando consideran que una iniciativa afecta intereses económicos, productivos o territoriales de sus provincias.
PL/MC
