Milei consolida el salto de fondos para la SIDE: tendrá un presupuesto 87% mayor al original de 2026

El Gobierno proyectó $181.472 millones para la central de inteligencia. Durante este año había reforzado su caja en casi $80.000 millones más mediante dos DNU. El aumento acompañó la reorientación del organismo hacia amenazas externas, el despliegue por Malvinas y la creación de una nueva carrera de agentes.

La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) tendrá en 2027 un presupuesto 87% mayor al que había recibido originalmente para 2026. El proyecto que Javier Milei envió este martes al Congreso contempla $181.472 millones para el organismo que conduce Cristian Auguadra, frente a los $97.135 millones con los que había comenzado este año. En el medio hubo una diferencia decisiva: a lo largo de 2026, el Gobierno reforzó la caja de la central de inteligencia en casi $80.000 millones a través de dos DNU.

Ese recorrido queda parcialmente oculto en las planillas del nuevo Presupuesto. Allí, el Ministerio de Economía toma como punto de comparación los $176.916 millones que la SIDE tiene actualmente disponibles y no la partida con la que comenzó el año. Por eso, oficialmente, el salto previsto para 2027 aparece reducido a apenas 2,6%: $4.556 millones adicionales.

La foto completa es otra. Entre el presupuesto original y las sucesivas ampliaciones dispuestas por el Ejecutivo, los recursos de la SIDE crecieron durante 2026 alrededor de 82%. Y si la comparación se extiende hasta los $181.472 millones proyectados para el próximo ejercicio, la nueva base presupuestaria de la inteligencia argentina queda casi 90% por encima de aquella con la que Auguadra había arrancado el año.

Cristian Auguadra, titular de la SIDE.

Cristian Auguadra, titular de la SIDE.

El primer salto ocurrió en julio. A través del DNU 594/2026, el Gobierno incorporó unos $49.261 millones para la SIDE y llevó el crédito del organismo hasta aproximadamente $146.397 millones. De aquella ampliación, $7.466 millones fueron destinados a gastos reservados, mientras que el resto se distribuyó principalmente entre salarios, equipamiento y gastos de funcionamiento.

La segunda ampliación llegó a comienzos de septiembre, apenas unos días antes de que el Poder Ejecutivo terminara de cerrar el proyecto de Presupuesto que enviaría al Congreso. El DNU 867/2026 agregó otros $30.519 millones al programa de Información e Inteligencia y terminó de llevar el crédito vigente hasta los $176.916 millones que ahora aparecen como base de comparación para 2027.

El movimiento adquiere otra dimensión cuando se lo compara con el ajuste acumulado en otras áreas del Estado desde la llegada de Milei. Mientras el Presidente reforzó los fondos de la SIDE, el proyecto mantiene partidas todavía muy por debajo de los niveles previos al cambio de gobierno. Según un análisis del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP) sobre el Presupuesto 2027, el gasto destinado a educación y cultura se mantiene cerca de un 40% por debajo de 2023 en términos reales, mientras que en ciencia y tecnología la caída ronda el 30% y la obra pública permanece aproximadamente 60% por debajo de aquel nivel.

La puerta de 25 de Mayo 11, sede central de la SIDE, a metros de la Casa Rosada.

La puerta de 25 de Mayo 11, sede central de la SIDE, a metros de la Casa Rosada.

La trayectoria de la inteligencia fue distinta. En 2023, último año completo antes de la llegada de Milei, la central todavía funcionaba bajo la estructura de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI); al año siguiente, el Gobierno la disolvió y restituyó la SIDE como órgano superior de un sistema dividido en distintas agencias. Desde entonces, el área recorrió el camino inverso al de buena parte de la administración pública: según un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la ejecución presupuestaria de la SIDE acumulaba hasta agosto de 2026 un aumento del 42% en términos reales respecto del mismo período de 2023, mientras que el gasto total de la Administración Pública Nacional había caído un 32% en la misma comparación.

Entre el Papa y Malvinas

El movimiento presupuestario acompañó una transformación más amplia de la SIDE bajo la conducción de Cristian Auguadra y el diseño político de Santiago Caputo. Una primera explicación pública sobre el destino de esos recursos apareció el 25 de agosto, cuando Auguadra se presentó por primera vez desde su llegada al organismo ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, presidida por Sebastián Pareja.

La reunión concentró durante varias horas a buena parte de la cúpula de la inteligencia argentina en el quinto piso del anexo del Senado. Junto a Auguadra estuvieron, entre otros, el subsecretario de Inteligencia, José Lago Rodríguez, y el director de Operaciones, Diego Kravetz. Los legisladores preguntaron por el Plan de Inteligencia Nacional, el funcionamiento del nuevo Centro Nacional Antiterrorista (CNA), la cooperación con agencias extranjeras y, especialmente, por el crecimiento de los fondos reservados.

Sebastián Pareja, titular de la Bicameral de Inteligencia, junto a Cristian Auguadra, Diego Kravetz y José Lago Rodríguez.

Sebastián Pareja, titular de la Bicameral de Inteligencia, junto a Cristian Auguadra, Diego Kravetz y José Lago Rodríguez.

Fue allí donde la conducción de la SIDE puso sobre la mesa una de las justificaciones para el incremento presupuestario. Según pudo reconstruir entonces elDiarioAR, los gastos secretos habían pasado de alrededor de $19.000 millones a $27.000 millones y Auguadra vinculó los aproximadamente $8.000 millones adicionales con las necesidades operativas y de seguridad previstas para una futura visita del papa León XIV a la Argentina. Hasta ese momento, la SIDE había ejecutado unos $12.019 millones en gastos reservados y se comprometió a remitir a los legisladores información adicional sobre su utilización.

Pero la explicación sobre el Papa convivió con otra definición que anticipaba hacia dónde buscaba orientar la nueva conducción parte de las capacidades de inteligencia. Auguadra habló ante los legisladores de la necesidad de proteger recursos estratégicos como el petróleo, el gas, el litio y el cobre y mencionó expresamente el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas y la proyección sobre la Antártida como asuntos que requerían capacidad estatal para anticipar amenazas.

Milei durante la cadena nacional por Malvinas, rodeado de todo su gabinete.

Milei durante la cadena nacional por Malvinas, rodeado de todo su gabinete.

Apenas nueve días después de aquella presentación, Malvinas dejó de ser un ejemplo utilizado puertas adentro para convertirse en uno de los ejes centrales de la agenda presidencial. El 3 de septiembre, Milei dedicó una cadena nacional a la cuestión y anunció un paquete de medidas. La SIDE había participado directamente de la preparación de ese giro. Durante los meses anteriores, el organismo elaboró un informe de inteligencia sobre el proyecto petrolero Sea Lion, con información sobre movimientos de buques, puntos de extracción e imágenes satelitales.

Ese trabajo terminó funcionando como una de las bases informativas de la ofensiva que Milei hizo pública. Después de la cadena nacional, el Gobierno avanzó con sanciones contra compañías vinculadas a actividades en las islas y comenzó a preparar una modificación legislativa para ampliar el alcance de las penalidades, incluso sobre proveedores y otras actividades relacionadas con la explotación de recursos naturales.

Santiago Caputo al ingresar a la Casa Rosada.

Santiago Caputo al ingresar a la Casa Rosada.

El episodio encajó además con el perfil que Caputo pretende imprimirle a la nueva SIDE, más orientada hacia la contrainteligencia, las amenazas externas y la protección de intereses estratégicos. Malvinas apareció así como una primera vidriera pública de esa doctrina. Un movimiento que tuvo esta semana otro capítulo con la creación del Cuerpo de Inteligencia de la Nación, presentado por la SIDE como una estructura profesional destinada a trascender las administraciones de turno y nutrirse de perfiles especializados.

El nuevo estatuto establece una carrera para los agentes con mecanismos de ingreso y promoción basados en criterios técnicos, capacitación y evaluaciones de desempeño, en lugar de tomar la antigüedad como criterio determinante. La reforma, que comenzará a implementarse plenamente desde el 1° de enero de 2027, forma parte del mismo proceso de reorganización iniciado con el polémico DNU de enero pasado y busca dotar a la central de cuadros propios para las nuevas funciones que el Gobierno pretende asignarle.

PL/MG