El oficialismo consiguió desactivar la sesión contra el DNU 70 mientras miles de manifestantes volvieron a reclamar por el financiamiento universitario. En el Gobierno descartan nuevas concesiones y buscan administrar el conflicto hasta la discusión del Presupuesto 2027.
En la Casa Rosada siguieron con atención el fracaso de la sesión especial en Diputados, donde la oposición no consiguió reunir el quórum necesario para avanzar contra el DNU 70/2023. El resultado fue recibido como un alivio por el oficialismo, que había dedicado buena parte de sus esfuerzos de los últimos días a desactivar la convocatoria. Pero la tranquilidad parlamentaria contrastó con las imágenes que empezaban a llegar desde las calles del centro porteño, donde estudiantes, docentes y organizaciones sindicales se preparaban para protagonizar la quinta Marcha Federal Universitaria.
Con epicentro en la Plaza de los Dos Congresos, de la movilización —que terminó con incidentes— participaron estudiantes, docentes, trabajadores no docentes, rectores y organizaciones sindicales, entre ellas la CGT, las dos CTA y ATE. La protesta se replicó en distintas ciudades del país y volvió a poner en discusión el deterioro de los salarios universitarios, el funcionamiento de las instituciones y la ejecución de los fondos previstos por ley.
La quinta Marcha Federal Universitaria en las puertas del Congreso.
En el entorno de Javier Milei sostienen que la discusión por el financiamiento de las casas de altos estudios debe encuadrarse dentro de las restricciones presupuestarias que establece el programa económico y rechazan cualquier iniciativa que, según su interpretación, comprometa el equilibrio fiscal. La movilización, en ese sentido, no parece destinada a alterar la estrategia oficial. La prioridad sigue siendo preservar las cuentas públicas, incluso a costa de prolongar un enfrentamiento que ya atravesó vetos presidenciales, insistencias parlamentarias y resoluciones judiciales adversas.
La marcha encontró a Milei fuera del país, durante un nuevo viaje a Estados Unidos, y a su equipo político concentrado en las negociaciones legislativas. En los despachos oficiales consideran que el Gobierno tiene argumentos para defender su política universitaria y cuestionan que las organizaciones que encabezan el reclamo presenten el conflicto exclusivamente como una discusión por los recursos educativos.
La posición del Ejecutivo quedó expuesta durante la conferencia de prensa que Adrián Ravier ofreció el martes pasado, cuando faltaban apenas 48 horas para la movilización. El vocero presidencial buscó relativizar el alcance del reclamo y puso en duda las motivaciones de quienes convocaron a la protesta. “¿Es una marcha política o es una marcha por la educación?”, preguntó, después de cuestionar que las mismas organizaciones no se hubieran movilizado durante los gobiernos kirchneristas.
El vocero presidencial, Adrián Ravier.
Ravier fue más allá y apuntó contra el tratamiento periodístico del conflicto. Les pidió a los medios que ayudaran a desmentir lo que consideró una versión equivocada sobre la política universitaria del Gobierno y sostuvo que el Ejecutivo había realizado esfuerzos para recomponer los ingresos docentes. Mencionó un aumento del 24% y otro posterior del 3%, y defendió las negociaciones encabezadas por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Pero dejó en claro que cualquier mejora tendrá un límite infranqueable: el equilibrio fiscal.
En la Casa Rosada buscan restarle dramatismo a la convocatoria de este jueves y separar el reclamo universitario de lo que consideran una ofensiva política contra el Gobierno. La lectura que transmiten es que la movilización no modificará la posición del Ejecutivo sobre el financiamiento y que cualquier recomposición deberá ajustarse a las metas fiscales. “Pueden llenar la plaza todas las veces que quieran, pero no vamos a romper el equilibrio fiscal”, sentenció un funcionario ante la consulta de elDiarioAR.
La convocatoria llega, además, en un momento particularmente incómodo para el Ejecutivo. En las últimas horas, el juez federal Martín Cormick dispuso una multa diaria de $100.000 contra el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de una medida cautelar vinculada con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución obliga al Gobierno a actualizar los salarios del sector y garantizar los fondos destinados a becas estudiantiles, dos de los puntos centrales del reclamo que vuelve a expresarse en las calles.
Diego Santilli, jefe de Gabinete.
La disputa judicial mereció una explicación particular durante la conferencia del martes. Frente a los cuestionamientos por la falta de aplicación de la ley, Ravier ensayó una distinción: “No es cierto que no se esté cumpliendo con esa ley. Es una ley que está interrumpida”. El funcionario sostuvo que todavía no estaba definida la respuesta del Ejecutivo frente al fallo judicial y volvió a cuestionar al Congreso que había sancionado la norma por no establecer, según su interpretación, las fuentes de financiamiento necesarias.
El conflicto judicial representa un problema adicional para la Casa Rosada, porque reduce el margen para administrar los tiempos de una discusión que el oficialismo preferiría trasladar al debate del Presupuesto 2027. El Gobierno había vetado la ley sancionada por el Congreso con el argumento de que no contemplaba fuentes de financiamiento suficientes, pero ambas cámaras insistieron en su aprobación. Desde entonces, la disputa dejó de limitarse al terreno legislativo y se trasladó también a los tribunales, donde las universidades buscan obligar al Ejecutivo a cumplir con la norma.
En el entorno presidencial mantienen la defensa del veto y del programa fiscal como argumentos centrales. La posición oficial parte de una premisa que Milei convirtió en una de las principales banderas de su administración: ninguna demanda sectorial, por extendido que sea su respaldo social, puede justificar un incremento del gasto que el Gobierno considere incompatible con sus metas económicas. Esa lógica explica por qué, pese a la sucesión de movilizaciones, el Ejecutivo no dio señales de estar dispuesto a conceder una recomposición presupuestaria en los términos exigidos por las universidades.
La discusión, de todos modos, está lejos de agotarse. El proyecto de Presupuesto 2027 contempla alrededor de $7,35 billones para las universidades nacionales, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional reclama partidas superiores a los $11 billones. La distancia entre ambas cifras anticipa una negociación compleja en el Congreso, donde La Libertad Avanza necesita construir mayorías para aprobar una de las iniciativas que el Presidente considera prioritarias para consolidar su programa económico.
Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, en la comisión de Presupuesto
En ese escenario, la protesta universitaria aparece como una dificultad que el Gobierno deberá administrar en paralelo con otras negociaciones. La mesa política, que volvió a reunirse esta semana después de un paréntesis de siete días, tiene entre sus principales objetivos asegurar los votos necesarios para el Presupuesto y avanzar con una serie de reformas que incluyen cambios en el sistema electoral y nuevas iniciativas económicas. La relación con los gobernadores resulta decisiva para esa estrategia.
La sesión frustrada de este jueves ofreció una muestra de esa capacidad de negociación. La oposición no consiguió reunir los 129 diputados necesarios para abrir el recinto y tratar el rechazo al DNU 70, una iniciativa que había cobrado impulso después de los fallos de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras. En los días previos, el oficialismo había avanzado con una propuesta para restituir los límites a la compra de tierras rurales por extranjeros mediante modificaciones al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La concesión buscó quitarle argumentos a quienes pretendían rechazar el megadecreto completo y preservar una herramienta central de la gestión libertaria.
La evaluación política de la jornada, sin embargo, es más compleja. En el oficialismo distinguen entre el impacto de una movilización y la capacidad de la oposición para convertir ese descontento en una derrota legislativa. “La oposición puede juntar gente en la calle, pero las leyes se votan en el Congreso, no en la plaza”, sentenciaron.
PL/CRM
