Fue en el centro de la ciudad. Rechazaron el aumento del 35% decretado por el gobierno, al que consideraron como “insuficente”. “Luchamos por ellos. Nosotros somos el medio y trabajamos desde la vocación, pero el servicio es para los pacientes” indicaron.

Prestadores de discapacidad y acompañantes terapéuticos volvieron a movilizarse este jueves en la plaza central de Olavarría para exigir la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y rechazar el aumento del 35% autorizado por el Gobierno nacional, que consideran insuficiente y fuera de los plazos previstos.

La convocatoria mostró un crecimiento respecto a la de la semana pasada y reunió nuevamente a profesionales y familias, quienes manifestaron preocupación por el impacto en las prestaciones.

La actividad incluyó una concentración en las escalinatas del Palacio San Martín, una vuelta a la plaza y un regreso al punto de inicio, donde los trabajadores dialogaron con la prensa.

Marlene Cortavarría, psicopedagoga, explicó que la movilización se realizó tras un encuentro en el salón del Sindicato de Ceramistas, donde se analizaron problemáticas comunes. “Sentimos que individualmente no hacemos nada, esta lucha es colectiva”, sostuvo. Destacó además que cada vez se suman más profesionales y familias: “La lucha es por ellos. Nosotros somos el medio y trabajamos desde la vocación, pero el servicio es para los pacientes”.

Sobre el aumento del 35%, expresó que es “deplorable” y que se aplicará de forma escalonada entre noviembre y diciembre, aunque los profesionales recién lo percibirían en marzo de 2026 o más adelante. Recordó que la ley establece un incremento del 70%.

Cortavarría remarcó que la tarea excede los 45 minutos de una sesión presencial: “Hay grupos de Whatsapp con otros profesionales y un trabajo constante. Damos mucho por lo que queremos. Es importante que se pague lo que corresponde, pero principalmente que los pacientes tengan garantizadas sus prestaciones”.

Rocío Roca, acompañante terapéutica, señaló que los reclamos también apuntan a los tiempos prolongados para cobrar los honorarios. “Es un problema histórico. Lo que cambia es que el contexto económico ya no acompaña esos tiempos. No podemos esperar 90 días para cobrar”, afirmó.

Explicó además que las medidas de fuerza afectan el acceso a terapias: “En instituciones, muchas niñeces no pueden ingresar y se suspenden prestaciones domiciliarias. No tenemos el número exacto, pero pasa”.

Las profesionales coincidieron en que las condiciones actuales ponen en riesgo la continuidad del trabajo. “La vocación está, el amor está, pero a partir del amor no vivimos”, expresó Cortavarría. En ese sentido, detallaron que el aumento previsto para diciembre rondará los $4.000, pero su impacto real se demorará varios meses.

Finalmente, convocaron a la comunidad a acompañar la próxima movilización: “Estamos cansados, es una realidad. Necesitamos que esto se conozca y que la ley se cumpla”.

fuente: cdenoticias.com

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