El Tribunal de Ocasión Federal de Tucumán dictó una resolución que obliga al gobierno a implementar políticas públicas garantizando el derecho a la identidad de los menores cuyas familias fueron vulneradas.
En la audiencia, los magistrados explicaron los fundamentos de la medida judicial emitida contra el exfuncionario Carlos Vega, señalando que el Estado tiene la responsabilidad directa de reparar y prevenir los casos de sustracción de recién nacidos.
La decisión insta al Poder Ejecutivo a diseñar y ejecutar acciones concretas que permitan a las víctimas y a sus familias acceder a la información y a la restitución de sus derechos, en cumplimiento con la normativa nacional e internacional sobre la identidad y la protección de la infancia.
