En la ciduad de Buenos Aires, la aplicación escolar de la baja de la edad de imputabilidad preocupa a estudiantes y docentes, que temen que se rompa el vínculo pedagógico.
A los alumnos de la ciudad Buenos Aires no sólo les preocupan sus estudios. También los inquieta el nuevo protocolo con el que la capital argentina obliga a los directores de colegios a denunciar penalmente a los estudiantes de 14 y 15 años que cometan delitos durante actividades educativas. Por eso se reunieron con representantes de los centros de estudiantes de otras seis escuelas para debatir cómo se aplicará en la ciudad la baja de la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años, que rige en toda Argentina desde septiembre.
“Se rompe el vínculo docente-alumno y los pibes quedan mucho más aislados de lo que ya están. Que se sientan perseguidos por la misma persona que debería acogerlos y protegerlos”, planteó uno de ellos. Otro advirtió: “Van a terminar en esas cárceles todos amontonados, porque encima no hay algo preparado”. También hubo lugar para hablar del contexto: “La salud mental está desbordada”.
Este año hubo en Argentina casos de alumnos armados y amenazas de tiroteos en escuelas. También hubo estudiantes que crearon con inteligencia artificial imágenes de sus compañeras desnudas. Los directivos ya denuncian estos hechos. Con el protocolo, además, deberían reportar hurtos, daños a la propiedad como una pintada, amenazas, coacciones y lesiones.
El sindicato docente Ademys también rechaza el protocolo, y su secretario adjunto, Federico Puy, cuenta que los directivos lo consultan sobre cómo proceder. “Va a romper el vínculo pedagógico. Tiene que resolverse todo en la escuela”, afirmó. Según Puy, aun con la precariedad y el vaciamiento de la educación, los docentes cuentan con herramientas pedagógicas como los consejos escolares, los talleres y los contenidos curriculares.
Incluso quienes impulsaron la reforma reconocen dificultades. El abogado Jorge Monastersky, doctor en ciencias jurídicas y promotor de la baja de la edad de imputabilidad, admite que la Justicia afronta desafíos para recibir las futuras denuncias. Según explicó, hará falta un presupuesto acorde para contratar personal calificado, como psicólogos y responsables de controlar tratamientos.
El gobierno de la cidad de Buenos Aires no respondió a la consulta de DW sobre el protocolo. En la ciudad se ofrecerán talleres de convivencia, resolución de conflictos y cuidados en entornos digitales.
Los alumnos, mientras tanto, temen por el presente y el futuro. “Los pibes no somos la causa de esa inseguridad”, dijo uno de ellos. Por ahora no se conocen denuncias penales de directores porteños contra alumnos de 14 y 15 años. En otras provincias, como Jujuy, Mendoza y La Pampa, las autoridades explican a los estudiantes el nuevo régimen penal juvenil.
AR
