El mandatario fue apartado de la Presidencia en un juicio político por mal desempeño de sus funciones. Había presentado su renuncia, pero el Congreso no llegó a tratarla. Pedro Alliana deberá asumir el Ejecutivo.
El Senado de Paraguay destituyó este viernes al presidente Santiago Peña, al término de un juicio político por mal desempeño de sus funciones vinculado con la crisis del banco Ueno y las denuncias sobre presuntas irregularidades en la administración de fondos públicos. La decisión puso fin a su mandato y abrió el camino para que el vicepresidente Pedro Alliana asuma la conducción del país.
La Cámara Alta, constituida en tribunal, resolvió apartar al mandatario después de una extensa jornada de deliberaciones, durante la cual se escucharon los argumentos de los diputados acusadores y de los abogados defensores.
La destitución llegó después de dos días de una crisis política que se aceleró el jueves, cuando Peña anunció su renuncia en medio del escándalo financiero. Sin embargo, el Congreso no consiguió reunir el cuórum necesario para tratar formalmente su dimisión, por lo que el presidente continuó en funciones mientras avanzaba el juicio político.
La Cámara de Diputados había aprobado por unanimidad la acusación contra Peña, con el respaldo de los 78 legisladores presentes. El expediente pasó entonces al Senado, encargado de determinar su responsabilidad política.
Durante la sesión de este viernes, la defensa del mandatario solicitó una prórroga de 72 horas para preparar su descargo, pero el pedido fue rechazado por 39 senadores, mientras que tres votaron a favor y otros dos no acompañaron ninguna de las opciones.
Peña no compareció personalmente ante la Cámara Alta. En su representación intervinieron los abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, quienes cuestionaron el procedimiento y sostuvieron que debía aceptarse la renuncia presidencial antes de continuar con el juicio político.
Los letrados también denunciaron que el tiempo concedido para preparar la defensa resultaba insuficiente y advirtieron sobre posibles vulneraciones de las garantías del debido proceso.
Pese a esos cuestionamientos, el Senado decidió continuar con las actuaciones. En una de las instancias previas a la sentencia, los 41 legisladores que participaron de la votación aprobaron por unanimidad la incorporación de las pruebas presentadas por los diputados acusadores.
La crisis de Ueno Bank que precipitó la destitución
El juicio político contra Peña se desencadenó a partir de la intervención de Ueno Bank, una entidad financiera digital que atravesó una grave crisis de solvencia y dejó a millones de clientes con dificultades para acceder a sus depósitos.
El Banco Central del Paraguay dispuso el proceso de resolución de la entidad después de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo exigido, como consecuencia de ajustes realizados en sus estados financieros.
Peña, que había sido accionista del banco, quedó bajo sospecha por sus vínculos con la institución y por presuntas irregularidades relacionadas con la administración de recursos públicos.
Entre los cuestionamientos formulados por los acusadores figuran posibles conflictos de intereses, deficiencias en los mecanismos de supervisión financiera y operaciones relacionadas con fondos previsionales.
El mandatario negó haber cometido irregularidades, mientras las autoridades judiciales avanzaron con investigaciones sobre eventuales responsabilidades penales.
La crisis también provocó protestas de ahorristas, movilizaciones en Asunción y un deterioro de los apoyos políticos del presidente, incluso dentro del Partido Colorado.
Pedro Alliana deberá asumir la Presidencia
Con la destitución de Peña, el vicepresidente Pedro Alliana deberá asumir la conducción del Poder Ejecutivo, de acuerdo con el mecanismo de sucesión establecido en la Constitución paraguaya.
La sentencia del Senado también tiene consecuencias para la situación jurídica del mandatario destituido, ya que le impide acceder a la condición de senador vitalicio, reservada a los expresidentes elegidos democráticamente que no hayan sido removidos mediante juicio político.
Para concretar la destitución era necesario reunir al menos 30 votos de los 45 integrantes de la Cámara Alta, una mayoría de dos tercios.
El antecedente más cercano de un presidente paraguayo apartado mediante juicio político es el de Fernando Lugo, destituido en junio de 2012.
La salida de Peña constituye así un nuevo episodio de la historia política paraguaya y deja al país frente a una transición presidencial en medio de una crisis financiera que continúa afectando a miles de ahorristas y que abrió interrogantes sobre el funcionamiento de los organismos de control y la administración de recursos estatales.
CRM
