No alcanza con rechazar la iniciativa oficialista que profundiza el ajuste y la desescolarización: hace falta una agenda propia de calidad e inclusión educativa.
Existe un importante consenso en la sociedad argentina respecto de que es necesario realizar profundas transformaciones en el sistema educativo para mejorar la calidad de los aprendizajes, disminuir las desigualdades sociales y regionales de los resultados del trabajo escolar y colocar la educación a la altura de los acelerados cambios científico-tecnológicos y de las nuevas demandas del mundo del trabajo y de la participación social en sociedades cada vez más complejas. No se trata de un diagnóstico novedoso. Hace más de un cuarto de Siglo, en 1999, en su recordado libro “La tragedia educativa”, Guillermo Jaim Echeverri nos alertaba respecto de que “…lo trágico es que, en un sistema escolar que debería asegurar el acceso a todos al conocimiento, los alumnos no aprenden lo fundamental. Eso es lo que constituye la verdadera tragedia educativa”. Retomaba de esta manera una afirmación del presidente Ricardo Alfonsín que, describiendo la herencia de la dictadura en la educación, había realizado hace casi 40 años cuando convocó al Congreso Pedagógico: “Es imprescindible mejorar la calidad de la enseñanza, porque demasiados alumnos pasan por la escuela sin aprender lo suficiente. Ello constituye un verdadero fracaso colectivo que debemos revertir”. Entre otros factores, los movimientos pendulares en la conducción del Estado durante estos 40 años de democracia han contribuido fuertemente a la falta de continuidad en la inversión presupuestaria y las políticas educativas.
Cabe destacar que actualmente las coincidencias respecto de los problemas que enfrenta nuestra educación no se extiende respecto de las alternativas que se proponen para solucionarlas. En el último artículo publicado en este medio describimos las principales características del Proyecto de Ley de Libertad Educativa que el gobierno de Milei ha puesto en discusión, acompañando el dramático ajuste presupuestario, la degradación del Ministerio de Educación y el continuo ataque y estigmatización a los docentes. El retiro del Estado de su función educativa, desescolarización de la enseñanza colocándola bajo la responsabilidad de las familias en los hogares, desestructuración nacional del sistema educativo, mercantilización de la educación pública mediante los vouchers, posibilidad de extranjerizar los contenidos y desjerarquización de los docentes, son algunas de las características principales del proyecto.
¿Qué hacer frente a estas propuestas? No cabe duda de que en primer lugar debemos dar el debate y explicar las trágicas consecuencias que tendría su aplicación para la calidad de la educación argentina. Pero con rechazar el proyecto no alcanza. Debemos ir a la discusión acompañados de propuestas que pongan de manifiesto que no estamos defendiendo un statu-quo que no nos satisface.
Propuestas que, a partir de la defensa de las conquistas logradas desde la Ley 1420, den respuesta a los principales desafíos de la calidad educativa e inclusión en igualdad de condiciones de acceso al conocimiento para todos los niños y jóvenes. La democracia ha logrado grandes avances para garantizar el acceso de nuevos sectores sociales a la escolarización. Hoy, casi todos los niños concurren a las salas de 4 y 5 años del nivel inicial. Prácticamente todos terminan la primaria. El 80% de nuestros jóvenes alcanzan, por lo menos, el título secundario. Los egresados universitarios se multiplicaron por 3 en las últimas décadas. Pero, tal como plantea la Ley de Educación Nacional (LEN), no sólo la escolaridad, también el conocimiento es un bien público y un derecho personal y social que debe ser garantizado por el Estado (art.5). Es indudable que frente a este objetivo hay grandes asignaturas pendientes. Si no reconocemos que es necesario abordar esta problemática con profundidad, será imposible resolverla.
Tenemos que ser conscientes que, principalmente en contextos de fuerte crecimiento de la pobreza, la preocupación por la inclusión escolar desplazó la exigencia por la efectividad de los aprendizajes y las posibilidades de acceso al conocimiento de grandes sectores de la población. Es imprescindible llevar adelante estrategias que permitan complementar ambos objetivos (inclusión/aprendizajes) al mismo tiempo. También han ocurrido transformaciones sociales, culturales y tecnológicas que requieren nuevas respuestas. La irrupción de las redes y de la IA por ejemplo, nos coloca frente a desafíos inéditos hasta el momento.
Aunque la brevedad del artículo impide desarrollar el conjunto de políticas vinculadas a la calidad educativa que están propuestas en la LEN y que se implementaron en forma parcial o aún se encuentran pendientes de ejecución, creemos necesario priorizar las que se refieren al ejercicio de la profesión docente, ya que los maestros y profesores son, desde nuestra perspectiva, los protagonistas principales de un proceso de enseñanza exitoso. Así lo han entendido quienes encabezaron las trasformaciones educativas en los países en los que se lograron grandes avances. Como plantea Olli-Pekka Heinonen, ex ministro de educación de Finlandia: “La confianza en los docentes, su sólida preparación profesional y su capacitación permanente constituyen los pilares que han hecho del sistema educativo finlandés un caso de éxito”. Refiriéndose al salario docente señaló: “Si queremos que los mejores jóvenes elijan ser docentes, debemos garantizar que la docencia siga siendo una profesión atractiva”. Proponer que los docentes son un factor clave en la mejora de la calidad educativa no implica descargar en ellos toda la responsabilidad respecto del éxito de la tarea pedagógica. También exige, entre otros aspectos, diseñar estrategias que posibiliten la inclusión de otros roles profesionales en las escuelas. La caída de la natalidad, que se expresa en una menor cantidad de alumnos en las instituciones escolares, genera una oportunidad para crear estos roles. Por otra parte, es necesario sostener la tarea de la escuela y los docentes con la participación de las familias, la comunidad, los gobiernos locales en la acción educativa.
Es evidente que la cuestión salarial y las condiciones de trabajo juegan un papel fundamental en atraer a los mejores estudiantes hacia la docencia, en generar mejores condiciones de trabajo y mayores posibilidades de formación permanente y desarrollo profesional. La caída del salario docente desde la recuperación de la democracia, que fue permanente con la sola excepción del período 2003/15, ha jugado un importante papel en el deterioro de la profesión. Actualmente, en valores constantes, el ingreso de los docentes es un 40% menor que en 1983.
Varias de las propuestas incluidas en la LEN avanzan sobre la necesidad de realizar transformaciones sustantivas en la trayectoria profesional de los maestros y profesores, colocando en el centro la preocupación sobre la mejora de la calidad educativa. Una de ellas es la diversificación de las alternativas para promoción en la carrera docente. El artículo 69 plantea la creación de por lo menos 2 modalidades. La primera, vinculada a las tareas de conducción y gestión escolar, que requieren una formación y capacidades específicas, y la otra, destinada a que se pueda ascender (y por lo tanto mejorar el salario) permaneciendo en el trabajo directo con los alumnos en el aula.
¿Cuál es el objetivo de esta propuesta? Posibilitar que los docentes que han realizado muy buenas experiencias de enseñanza y que tienen voluntad y vocación de continuar enseñando en los cursos, no se vean obligados a salir del aula para obtener una promoción. Hoy muchos de ellos se ven tentados a dejar el grado para poder mejorar sus ingresos. Es necesario, manteniendo los incentivos vinculados a la antigüedad y la experiencia, generar mecanismos que permitan que quienes ganen los concursos de mérito y que ascienden en la carrera docente no se vean obligados a asumir una tarea de gestión. Esta opción permitiría que docentes con más capacitación, experiencia y vocación por la enseñanza permanezcan en el aula para mejorar la calidad de los aprendizajes. Otro de los aspectos que fue abordado por la LEN (art.83), es la necesidad de favorecer, a través de distintos tipos de incentivos, la permanencia de los docentes por más tiempo en la misma escuela, principalmente en aquellas que atienden a los alumnos que provienen de familias con condiciones más desfavorables. Actualmente, la mayoría de los maestros y profesores inician sus carreras o acceden a la titularidad en establecimientos educativos a los que concurren poblaciones más lejanas y carenciadas. A medida de que adquieren experiencia en la enseñanza con estos sectores, se familiarizan con su capital cultural y se forman profesionalmente, tienden a trasladarse o titularizarse en escuelas más cercanas a sus domicilios. Las investigaciones muestran que en la mayor parte de los casos, los niños y jóvenes que pertenecen a los sectores más pobres, son los que están expuestos a los docentes con menor experiencia laboral, que poseen menor estabilidad en el cargo y que rotan permanentemente. Es por ello que es necesario generar incentivos que permitan la permanencia de los docentes durante períodos mayores en las escuelas, principalmente en las que incorporan poblaciones con más necesidades.
Otro de los aspectos que aborda la LEN y que ha sido poco implementado por las jurisdicciones fue la posibilidad de que los docentes cuenten con espacios institucionales destinados a la formación permanente y la elaboración de los proyectos educativos comunes (art. 123). Estos ámbitos, que deben estar sustentados en el pago de las horas de trabajo mientras no están al frente alumnos y deben convertirse en espacios de formación docente permanente, de manera que la capacitación también esté focalizada hacia atender las particulares necesidades educativas de la comunidad educativa con la que trabajan. Esta instancia exige el trabajo conjunto con los Institutos Superiores de Formación Docente, las universidades y las instancias de formación en servicio de cada provincia. En el caso de la escuela media, todas estas estrategias deben ir acompañadas por fuertes cambios en la estructura pedagógica, curricular e institucional que ya hemos abordado en artículos anteriores.
Pero sin lugar a dudas, muchas de las principales propuestas de transformaciones para el mejoramiento de la calidad educativa deben estar dirigidas a fortalecer y mejorar la calidad de la formación inicial de los docentes y de su actualización permanente. Esta problemática, que abordaremos en un próximo artículo, implica abrir un espacio de discusión y elaboración de propuestas conjunto entre los Institutos Superiores de Formación Docente y las Universidades. Entre otros temas, se debería recuperar el debate sobre la distribución de responsabilidades de la Nación a través del INFOD, las del Consejo Federal de Educación y de las jurisdicciones.
Como hemos planteado al inicio, frente a las estrategias libertarias de ajuste, desescolarización y mercado, es tan necesario poner en evidencia su objetivo de destrucción del sistema educativo público, como elaborar las propuestas alternativas que permitan implementar políticas de Estado dirigidas a ampliar la inclusión y mejorar la calidad de la educación de los argentinos.
DF
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