Presionado por el FMI, el Gobierno tiene hasta fines de 2026 para presentar una reforma tributaria de tinte antipopular. Incorporar a más de un millón y medio de trabajadores al pago del impuesto a las Ganancias es un compromiso explícito, que implica un costo político directo sobre un segmento del electorado que ya viene golpeado por el ajuste inflacionario.
