En su intervención, Javier Milei fue acusado de usar la ORT como canal para obtener favores estatales, lo que desató críticas de docentes y estudiantes que lo denuncian por intentar adoctrinar.
Durante la ponencia, se señaló que la organización educativa mantendría estrechos lazos con la administración para asegurar la asignación de recursos y proyectos bajo la etiqueta de “carguito nacional”. La acusación sugiere una relación de intercambio que beneficiaría al gobierno a cambio de apoyo institucional.
La comunidad académica reaccionó con dureza, denunciando al presidente por promover una agenda ideológica dentro del aula y exigir una postura alineada con sus políticas. Varios sectores estudiantiles y docentes manifestaron su rechazo, advirtiendo que tal práctica vulnera la autonomía educativa y el derecho a una enseñanza plural.
