Los secretarios cuentan con 48 horas para detallar el método usado en sus estadísticas y se les exige comparar cada registro judicial con los datos de los fiscales.
Las autoridades han impuesto un plazo de dos días para que los funcionarios expliquen la forma en que elaboraron las cifras que reflejan la situación de los expedientes. La medida busca transparentar el proceso y garantizar que la información sea verificable.
Asimismo, se ordenó una revisión minuciosa, expediente por expediente, cruzando los datos del poder judicial con los archivos de la fiscalía, con el objetivo de detectar posibles incongruencias y acelerar la gestión de los casos pendientes.
