El camarista penal Tomás Orso revocó la nulidad de un allanamiento realizado sin orden judicial contra un adolescente acusado de participar en una balacera en Rosario y convalidó un procedimiento que reavivó el debate sobre los límites del poder del Ejecutivo para irrumpir en un domicilio sin autorización de un juez. Pero, al mismo tiempo, dejó un fuerte reproche institucional hacia el Gobierno de Maximiliano Pullaro: calificó como un “claro ataque a la independencia judicial” las declaraciones de la vocera oficial Virginia Coudannes, quien había dicho públicamente que la jueza María Dolores Aguirre Guarrochena debía “llevarse a su casa” al menor investigado.
