Este proyecto propone un nuevo régimen de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios destinados a proyectos de inversión superiores a 1000 millones de dólares. Expertos advierten que el Súper RIGI consolida un esquema donde el Estado reduce su capacidad de intervención frente a eventuales impactos económicos, sociales o ambientales.
El Súper RIGI es una iniciativa económica del gobierno de Javier Milei que tiene como objetivo atraer inversiones superiores a los 1000 millones de dólares. Este instrumento fue diseñado para captar capitales en nuevas industrias de frontera tecnológica, pero especialistas afirman que el proyecto otorga beneficios extraordinarios por 30 años sin definir con precisión las actividades alcanzadas, sin evaluación oficial de impacto fiscal y sin condiciones ambientales, productivas ni tecnológicas verificables.
Los data centers o centros de datos, megainfraestructuras para el desarrollo de la inteligencia artificial, y granjas de criptomonenas son dos de los proyectos que el Gobierno quiere atraer. Estas construcciones ya han demostrado en países como Estados Unidos sus impactos ambientales: contaminación sonora, emisión de calor, fragmentación del hábitat para la biodiversidad, excesivo uso del agua -que contrae la escasez de agua para las poblaciones cercanas- y el aumento del precio de la energía eléctrica para los habitantes cercanos.
Esta decisión de Milei tiene un antecedente directo. En agosto de 2024 ya se había implementado por decreto una primera iniciativa similar: el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), enfocado en promover la minería y la exploración de gas y petróleo. Esta medida, según la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), genera una fuerte “desprotección ambiental” porque no exige estudios de impacto ecológico y limita la capacidad de las provincias para regular el uso de los recursos naturales.
Ariel Slipak, economista, docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y coordinador del área de Investigación de FARN, explicó a Mongabay Latam que el RIGI es más que un incentivo y esquema de exenciones de tipo fiscal, aduaneros o de tipo cambiario, ya que da un blindaje jurídico a grandes inversiones y extractivas.
Turistas se reúnen en las Salinas Grandes de Jujuy, Argentina, el martes 25 de abril de 2023. El salar genera ingresos gracias al turismo y la extracción artesanal de sal. Es codiciado por mineras de litio. Foto: AP/Rodrigo Abd
“Uno de los primeros artículos de este régimen establece que las normativas de tipo municipal, provincial e incluso nacional no deben ir en contra de los beneficios que adquiere un beneficiario del RIGI. En otras palabras, el tener las exenciones del RIGI se termina imponiendo por sobre la legislación ambiental, laboral u otro tipo de regulaciones”, resaltó Slipak.
A dos años de su implementación, existen 40 proyectos que comprometen más de 138 000 millones de dólares en el RIGI, según el Observatorio del RIGI, una iniciativa colaborativa que reúne a FARN, la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín (EPyG-UNSAM), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Transnational Institute (TNI), el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE) y el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS).
De ellos, 21 corresponden a proyectos mineros (litio, cobre, oro y arena de fractura), 13 al sector de hidrocarburos (petróleo, gas y fertilizantes), tres al sector energético, dos a infraestructura y uno a siderurgia. De los 40 proyectos presentados, 21 ya fueron aprobados. Entre ellos, 12 corresponden a minería, cinco a petróleo y gas y los cuatro restantes a energía, infraestructura y siderurgia. Los otros 18 proyectos continúan en evaluación y uno fue rechazado.
Los 21 proyectos aprobados implican una inversión de 46 626 millones de dólares.
Proyectos extractivos
El petróleo constituye el principal destino de las inversiones comprometidas por el RIGI: con siete proyectos, concentra el 43.3 % del capital anunciado, impulsado por los desarrollos asociados a Vaca Muerta, el mayor yacimiento de hidrocarburos no convencionales del país y uno de los más grandes del mundo.
Le siguen el cobre, que reúne seis proyectos y concentra el 24.6 % de la inversión total, y el gas natural -incluyendo las plantas de GNL y la infraestructura asociada-, que representa el 17.2 % del capital comprometido a través de cinco iniciativas.
En cuanto al litio, aunque concentra 11 proyectos, es decir, la mayor cantidad de iniciativas presentadas, representa el 10.5 % de la inversión total.
En conjunto, estos cuatro subsectores reúnen el 95.6 % de la inversión comprometida bajo el RIGI, mientras que los restantes siete subsectores explican apenas el 4.4 % del capital anunciado.
Plataforma de perforación en el yacimiento Vaca Muerta, provincia de Neuquén, la estrella petrolera del país. Foto: cortesía Titus Moser Alamy
El RIGI no solo otorga estabilidad a las inversiones; también puede desplazar los conflictos desde los territorios hacia tribunales arbitrales internacionales, reduciendo el margen de intervención de las comunidades y de la Justicia argentina.
El Súper RIGI tiene el nombre oficial de Ley de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias. Slipak afirma que las exenciones impositivas son aún mayores que con el RIGI y que da más beneficios a industrias extractivas grandes, como la de hidrocarburos y la del litio. Pero hay más: “Lo preocupante del Súper RIGI es que parece estar hecho a la medida de proyectos de centros de datos, minado de criptomodenas o cosas que tienen un gran consumo energético y, además, es generadora de más calor en centros urbanos”, dijo.
Este tipo de industrias incluyen sectores como las energías renovables o actividades que aún no existen en Argentina o se encuentran en etapa experimental, como la biotecnología y la inteligencia artificial, entre otras , dijo el experto.
El proyecto de Súper RIGI -que ya cuenta con media sanción de Diputados- ahora está a la espera del debate en el Senado. Esta iniciativa abrió un debate sobre hasta dónde se debe llegar con los incentivos para competir por inversiones en sectores estratégicos como los centros de datos y qué condiciones debería exigir el país a cambio.
En Diputados se aprobó la media sanción del Súper RIGI. El proyecto ahora está en el Senado. Foto: cortesía Diputados Argentina
Slipak remarcó que el proyecto no incorpora condiciones ambientales específicas sobre consumo energético, uso del agua, emisiones de carbono ni evaluación de impactos acumulativos. Esta omisión –dijo- resulta preocupante frente a la posibilidad de que el régimen alcance a proyectos de infraestructura digital y centros de datos de gran escala.
“Los centros de datos pueden demandar enormes volúmenes de energía, agua y suelo. Sin reglas claras, su instalación podría tensionar redes eléctricas, profundizar conflictos por el agua y consolidar infraestructura crítica en manos privadas sin control público suficiente”, dijo Slipak.
En los centros de datos que utilizan refrigeración evaporativa, una parte sustancial del agua se pierde localmente por evaporación y deja de estar disponible para otros usos. Como referencia, el centro de datos de Google en Iowa, Estados Unidos, consumió alrededor de 3800 millones de litros de agua 2024, según recogió la organización Global Investigative Journalism Network.
Mongabay Latam buscó la posición del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, pero esa entidad no respondió los requerimientos. Este ministerio es el encargado de elaborar el proyecto del Súper RIGI.
Afectaciones a comunidades indígenas
Silvina Ramírez, doctora en Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), miembro de la Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena (AADI) y experta en Derechos Indígenas, afirmó a Mongabay Latam que el Súper RIGI responde a un “modelo económico, una matriz productiva y energética, un modelo de desarrollo” que afectará a comunidades indígenas.
“Las comunidades indígenas son uno de los principales sujetos afectados. No sólo por el desconocimiento de sus derechos, sino porque prolijamente se fue desarticulando un andamiaje que, aunque precario, permitía austeramente avanzar hacia la titulación colectiva de tierras”, afirmó Ramírez. Tierras que ahora el Gobierno podría entregar a las empresas que realicen estas grandes inversiones.
Además, la experta afirmó que lo alarmante es que ante cualquier nueva ley local de protección ecológica que afecte intereses de las inversiones extractivas, las empresas pueden llevar al Estado a tribunales internacionales de arbitraje. “Las comunidades indígenas están habituadas al hostigamiento judicial, pero ahora esa situación será más complicada”, dijo Ramírez.
Comunidades de Las Salinas, en la provincia de Jujuy, una de las que más desarrolla la minería de litio. Foto: cortesía Clemente Flores
Según el proyecto, los eventuales conflictos los resuelve la Justicia internacional: los beneficiarios eligen individualmente dónde llevar adelante los conflictos que puedan generarse, adoptando los reglamentos de la Corte Permanente de Arbitraje, la Cámara de Comercio Internacional, o el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con sedes fuera del territorio argentino.
Esteban Paulón, diputado y miembro del Partido Socialista de Argentina, afirmó a Mongabay Latam que uno de los puntos más controversiales del proyecto son la instalación de los centros de datos, que son infraestructuras de consumo energético y de agua masivos.
“El Súper RIGI no contempla nada vinculado a la protección de pueblos originarios ni de protección ambiental. Presenté un proyecto especifico para incorporar protecciones ambientales, de sustentabilidad y de derechos humanos, porque no están contemplados en el texto original. Este proyecto deja al descubierto a muchos pueblos originarios y también al ambiente”, detalló Paulón.
La iniciativa de Paulón establece que la norma del Súper RIGI debe efectuarse bajo siete protecciones: el derecho a un ambiente sano consagrado; el dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales existentes en su territorio; las leyes nacionales de presupuestos mínimos de protección ambiental; los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional o supralegal; el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú); el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales; y a los principios preventivo, precautorio, de equidad intergeneracional, progresividad y no regresión en materia ambiental.
El Super RIGI sigue por ahora en el Senado, donde el partido oficialista negocia con la oposición ciertos puntos para lograr la aprobación del proyecto.
