La Justicia federal con asiento en los tribunales de Comodoro Py mantiene “cajoneada” la investigación que hace dos años demostró que el gobierno de Mauricio Macri había provisto de armamentos al gobierno de facto que en 2019 derrocó en Bolivia a Evo Morales.
Así lo denunció públicamente el embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, que cuestionó la connivencia del Poder Judicial con los sectores de derecha que, tal como quedó demostrado en distintos países de la región, “no tiene intención de respetar los procesos judiciales”.
“En la Argentina, lamentablemente la causa está cajoneada”, denunció el diplomático al ser consultado por el estado en que se encuentra el proceso abierto en 2021, cuando se reveló una correspondencia en que militares golpistas que respondían al gobierno de Jeanine Áñez le había agradecido al entonces embajador argentino en Bolivia el envío de municiones para reprimir las protestas sociales.
Las armas a los golpistas bolivianos
El hecho provocó un escándalo diplomático tras el cual inmediatamente se halló documentación que dio cuenta de cómo el gobierno de Juntos por el Cambio había contrabandeado armamento que, efectivamente, llegó a manos de policías y de la Fuerza Aérea.
En Bolivia, la investigación avanzó. Se sentó en los tribunales al entonces comandante de la Fuerza Aérea, Jorge Gonzalo Terceros Lara, que había agradecido al embajador argentino Normando Álvarez García por las 70 mil municiones recibidas. Luego se interrogó a militares de menor rango involucrados y al personal diplomático boliviano que estuvo al tanto de esos hechos.
De hecho, hubo un primer condenado. Se trata de Renzo Pedro Arteaga Fernández, unexfuncionario de la Cancillería boliviana que aceptó su culpabilidad en un juicio abreviado y recibió una pena de 3 años de prisión.
Sin embargo, en la Argentina ocurrió todo lo contrario. “A pesar de tener capacidad de convocar a los funcionarios del Gobierno del expresidente Mauricio Macri”, los jueces de Comodoro Py “cortaron el hilo por lo más fino y solo llamaron a declarar a los gendarmes que acudieron a resguardar la embajada argentina en Bolivia", indicó Basteiro.
La causa cajoneada
A pesar de que las pruebas establecían los vínculos entre estos hechos y el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich y el conocimiento directo de la Casa Rosada ocupada entonces por Mauricio Macri, no hubo más llamados a testimoniales ni indagatorias.
"La Justicia boliviana, con todas sus contradicciones, por lo menos avanzó con la investigación por el contrabando de armas durante el golpe de estado a Evo Morales”, comparó Basteiro en declaraciones a radio El Destape.
Además, reveló que en Bolivia "se está investigando el financiamiento del golpe" y que no descartan que los comandantes de las Fuerzas Armadas "hayan tenido apoyo de otros países, entre ellos la Argentina" para ejecutar la represión que sucedió tras la caída de Morales. Es decir, que haya habido un apoyo previo al golpe.
Basteiro agregó que cuando la derecha no logra hacerse con el gobierno a través del voto popular, "utiliza cualquier acción para romper con la democracia". En este sentido aludió a los hechos ocurridos durante los últimos días en Brasil, Colombia y Perú.
