De repente, el procurador general interino, Eduardo Casal, levantó su perfil como si quisiera que su cargo provisorio sea permanente. Le pidió al presidente Javier Milei que dicte un DNU que posibilite que el Ministerio Público Fiscal continúe interviniendo en las causas en las que hoy participa, hasta tanto se complete la transferencia total de las competencias en materia de Justicia ordinaria a la Ciudad de Buenos Aires, como lo dispuso la Corte en el fallo “Levinas”. La reactivación de Casal, que incluye el pedido del decreto, se da en el marco de planes del oficialismo para reemplazarlo, y con la interna al rojo vivo entre los propios libertarios que, según pudo saber Página/12, ahora se niegan a votarle el presupuesto al jefe de los fiscales.
