La anulación de la Ley de Tierras provocó una fuerte reacción pública contra la Corte, que respondió con un comunicado difundido por WhatsApp en el que se reivindica como víctima de ataques.
Tras la decisión que eliminó la normativa sobre la propiedad de la tierra, numerosos sectores expresaron su descontento y acusaron a los magistrados de favorecer la concentración de la tierra en manos extranjeras. La polémica se intensificó en redes sociales, donde se reclamó mayor transparencia y responsabilidad.
En respuesta, la Corte emitió un comunicado que circuló ampliamente por la mensajería instantánea, en el que se argumenta que sus miembros están siendo blanco de “discursos de odio y descalificación”. El texto busca desligar a la institución de la controversia y justificar su actuación ante la opinión pública.
