El Gobierno informó que gastó 50 millones de pesos para reprimir cada una de las movilizaciones de los miércoles que protagonizaron jubilados y jubiladas en las inmediaciones del Congreso durante 2025. En total fueron 2.087 millones de pesos en el año destinados a 43 operativos desmesurados, como si las protestas fueran un problema de seguridad (en lugar del ejercicio de un derecho). Ese es el cálculo recortado que ofreció el Ministerio de Seguridad para responder a dos pedidos de acceso a la información pública que hizo el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organismo que estima que la erogación debe ser mucho mayor y que aún con estas cifras parciales equivale a 5.578 jubilaciones mínimas con el bono incluido.
