La bochornosa participación de Javier Milei en la campaña electoral de Flávio Bolsonaro, con insultos a su par Luiz Inácio Lula da Silva, se convirtió primero en una crisis diplomática y ahora en una cuestión judicial. ¿Quién pagó el viaje a San Pablo? ¿Cómo se financió el hospedaje, la logística, la seguridad y el traslado de la comitiva libertaria? ¿Se utilizaron recursos de las arcas públicas de alguno de los dos países? Estas son algunas de las preguntas que el Partido de los Trabajadores (PT) formuló ante la Procuraduría General Electoral de Brasil. El espacio que lidera Lula presentó una denuncia judicial en la que pide que se investigue la excursión de Milei a la convención del Partido Liberal (PL), donde pidió el voto para el hijo de Jair Bolsonaro, agravió al mandatario brasileño y apuntó contra un juez del Supremo Tribunal Federal (STF). La presentación pone el foco en si existió una “injerencia externa indebida” por parte del gobierno argentino. Las sospechas no son infundadas. La sobreactuación mileista en suelo paulista se enmarcó en la ambición del presidente argentino de construir un bloque regional de ultraderecha y erigirse como el delegado de Donald Trump en América Latina. Para el vicepresidente Geraldo Alckmin se trató de “una grosera intromisión en asuntos internos”.
