El Congreso modificó la propuesta original del Gobierno, eliminando el requisito de dos tercios para remover funcionarios y favoreciendo mayorías simples; la medida contó con el rechazo de la oposición y sus aliados.
Tras intensos debates, el Senado dio el visto bueno a la versión revisada del proyecto impulsado por el presidente Milei y el exmandatario Menem. La nueva normativa suprime la exigencia de una mayoría calificada del 66,7% para la remoción de autoridades, optando por una regla basada en mayorías simples.
La iniciativa original fue duramente criticada por la oposición y sus partidos afines, quienes consideraron que la norma buscaba consolidar el control del Ejecutivo. Ante la presión política, el texto final se adaptó a las exigencias del Parlamento, garantizando un proceso de destitución más ágil y menos restrictivo.
