FOPEA advirtió que más del 60% de las agresiones registradas contra trabajadores de prensa provienen del Poder Ejecutivo. Periodistas denunciaron restricciones, violencia y dificultades para acceder a la información, mientras ADEPA cuestionó los agravios de Javier Milei y alertó sobre un “efecto contagio”.
Periodistas y representantes de entidades de prensa expusieron este viernes en la Cámara de Diputados sobre el deterioro de la libertad de expresión en la Argentina y advirtieron por el crecimiento de las agresiones, las restricciones al acceso a la información y el hostigamiento hacia quienes ejercen el periodismo.
En San Miguel de Tucumán, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) presentó su Informe de la Comisión de Libertad de Prensa en el que expresaron su preocupación por las agresiones del presidente Javier Milei hacia el periodismo como también por el avance de la Inteligencia Artificial en detrímento del trabajo periodístico.
“Salvaguardar la libertad de expresión implica, necesariamente, defender las condiciones operativas y económicas que permiten a los medios cumplir su rol como contrapoder, resistiendo las presiones que, bajo el velo de la innovación, buscan diluir su relevancia social y restringir su alcance público. ADEPA reafirma que la transformación tecnológica y la inteligencia artificial deben abordarse como desafíos estructurales para el futuro del periodismo, no como fenómenos aislados”, señala el documento
En Diputados, la reunión fue convocada por integrantes opositores de la Comisión de Libertad de Expresión, que cuestionaron la falta de funcionamiento del cuerpo y la ausencia del bloque mayoritario. Durante el encuentro expusieron representantes del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), la Asociación de Periodistas de la República Argentina (APeRA), Periodistas Argentinas (PA) y periodistas de distintos medios.
El vicepresidente de FOPEA, Claudio Jacquelin, calificó la situación como “sumamente grave” y sostuvo que la libertad de expresión y de prensa atraviesa “un estado de fragilidad demasiado profunda”. Según explicó, a los ataques contra las voces críticas del discurso oficial se suma una crisis de la industria y una creciente precarización de las condiciones laborales de los periodistas.
Jacquelin recordó que FOPEA lleva 16 años realizando un monitoreo de la libertad de expresión y señaló que en 2025 se alcanzó un récord de agresiones contra periodistas, por encima incluso de las registradas en 2013. La cifra, según la entidad, ya fue superada durante 2026. “Más del 60% de las agresiones provienen del Poder Ejecutivo Nacional, es un porcentaje inédito en la historia de la existencia del monitoreo”, afirmó.
La Comisión de Libertad de Expresión de Diputados
FOPEA sostuvo además que existe un mecanismo sistemático de estigmatización y descalificación verbal de periodistas y voces críticas desde el poder central, amplificado a través de estructuras estatales y paraestatales.
La entidad enumeró entre los hechos que considera más graves las modificaciones por decreto al acceso a la información pública, las agresiones físicas de las fuerzas de seguridad contra trabajadores de prensa, hackeos, campañas de difamación y la utilización de acciones judiciales destinadas a intimidar a periodistas.
También mencionó la situación del fotógrafo Pablo Grillo, herido durante la represión de una manifestación frente al Congreso, y alertó sobre las consecuencias de la derogación del Estatuto del Periodista Profesional, tanto para las condiciones laborales como para garantías vinculadas con la protección de las fuentes.
Otro de los ejes fue la situación de los periodistas acreditados en la Casa Rosada. Durante la reunión se denunciaron restricciones para circular por áreas comunes, obstáculos para acceder a funcionarios y limitaciones para realizar repreguntas durante las conferencias.
Fernando Ramírez, presidente de APeRA, recordó que estuvo acreditado en la Casa de Gobierno desde 1983 hasta 2025 y señaló que las condiciones comenzaron a deteriorarse después de los primeros meses de la actual administración. “Los primeros seis meses fueron correctos y después se fue todo a la deriva”, afirmó. Para Ramírez, se trata del “peor momento que sufre la relación periodismo-gobierno”.
El periodista Gabriel Sanfilippo, también acreditado en la Casa Rosada, cuestionó las restricciones y planteó si esas prácticas pueden terminar institucionalizándose y ser heredadas por futuras administraciones. “¿Este Gobierno vino a hacer el trabajo sucio de encerrarnos en la sala de periodistas? ¿De no permitir repreguntar en las conferencias de prensa? ¿El Gobierno que venga, si cambia de color político, va a dar marcha atrás de todo esto?”, preguntó.
La secretaria de FOPEA, Paula Moreno Román, advirtió además que las prácticas observadas a nivel nacional comienzan a trasladarse a las provincias. “Estas conductas del poder político central están haciendo mella en las provincias”, sostuvo, y mencionó problemas vinculados con la distribución de la publicidad oficial, la falta de transparencia en el manejo de fondos públicos y las dificultades para acceder a funcionarios. Moreno Román puso especialmente el foco en la función de intermediación del periodismo. “La no existencia de la repregunta en definitiva lo que hace es fomentar un discurso unidireccional”, afirmó.
Violencia contra trabajadores de prensa
La periodista Nancy Pazos, en representación de Periodistas Argentinas (PA), denunció la violencia sufrida por trabajadores de prensa durante las manifestaciones frente al Congreso y recordó que, a diez días de asumir el Gobierno, la organización presentó un hábeas corpus preventivo para evitar que quienes realizaran las coberturas fueran “golpeadas, gaseadas o detenidas”. Según señaló, el recurso todavía no obtuvo respuesta y el planteo llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Pazos aseguró que en los últimos dos años más de 150 cronistas y reporteros gráficos resultaron gravemente heridos mientras trabajaban. “Lo hacen porque esas cámaras, esos celulares, esos ojos y esta lengua transmiten información, y es esa información la que hacen desaparecer cuando reprimen a la prensa”, afirmó.
Finalmente, reclamó a los legisladores que el nuevo Estatuto del Periodista incorpore un capítulo destinado a garantizar el derecho a trabajar sin sufrir violencia. “Tienen la información, tienen las pruebas, tienen los cuerpos lastimados de más de 150 colegas: lo único que falta es que actúen”, sostuvo, y cerró: “Basta de violencia contra la prensa. Ni en las redacciones, ni en las calles, ni en las aulas”.
Mónica Gutiérrez también pidió no naturalizar las agresiones. La periodista recordó que las tensiones entre el poder y la prensa son inherentes al oficio, pero consideró que actualmente alcanzaron un nivel especialmente preocupante. “El periodismo es contrapoder y en todo momento las tensiones entre la prensa y el poder han existido, pero ahora han llegado muy lejos”, sostuvo.
Gutiérrez advirtió también sobre el efecto que puede producir en la sociedad la deslegitimación sistemática del periodismo profesional y el reemplazo de fuentes periodísticas por influencers u otros canales sin los mismos procedimientos de verificación.
Por su parte, la periodista de Clarín Natasha Niebieskikwiat pidió que las prácticas actuales no se institucionalicen. Aunque recordó conflictos y restricciones al acceso a la prensa durante administraciones anteriores, sostuvo que nunca había observado “semejante autoritarismo” ni un deterioro de esas características. “Yo estoy prohibida en Casa de Gobierno. Me parece muy grave el desmantelamiento de todo el aparato institucional de prensa”, señaló.
El debate por la pauta oficial
Durante la reunión también hubo cuestionamientos a la política de publicidad oficial. Rodrigo Lloret, director de Perfil, sostuvo que, si bien la Secretaría de Comunicación dejó de distribuir pauta bajo el mecanismo utilizado por administraciones anteriores, continúan existiendo recursos públicos destinados a medios. Según Lloret, esos fondos serían distribuidos a través de empresas estatales, fundamentalmente YPF, de manera “discrecional” y sin información pública suficiente sobre sus destinatarios.
Los legisladores opositores que impulsaron la reunión cuestionaron, por su parte, la falta de actividad de la Comisión de Libertad de Expresión. El diputado Nicolás Trotta sostuvo que existen más de cien proyectos vinculados con la temática que no son tratados debido a la falta de funcionamiento de la comisión y afirmó que los ataques contra periodistas no pueden considerarse episodios aislados.
La advertencia de ADEPA
En paralelo con la reunión realizada en el Congreso, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) presentó su Informe de la Comisión de Libertad de Prensa e Información durante la 64ª Asamblea General de la entidad, realizada en San Miguel de Tucumán.
ADEPA presentó su informe en Tucumán
El documento cuestionó las críticas y agresiones del presidente Javier Milei y su entorno contra periodistas y alertó sobre sus posibles consecuencias sociales. “La crítica al periodismo es legítima y necesaria, pero el agravio y la estigmatización, especialmente cuando provienen de quienes ejercen altas responsabilidades públicas, deterioran el debate democrático y pueden generar un efecto contagio sobre el conjunto de la sociedad”, señaló ADEPA.
La asociación recordó, entre otros episodios, las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien ante una información periodística que consideró falsa sostuvo que la Justicia debía intervenir y planteó la necesidad de una ley que castigara ese tipo de conductas.
ADEPA advirtió que una norma de esas características podría conceder a las autoridades un poder incompatible con los estándares democráticos de libertad de expresión y generar un efecto inhibitorio sobre la investigación y difusión de asuntos de interés público.
También recordó el episodio ocurrido durante una exposición de Milei ante estudiantes secundarios de la Escuela ORT, cuando el mandatario vinculó a los periodistas con el mandamiento “no robarás” y alentó una reacción de los alumnos contra la prensa.
Para la entidad, cuando el insulto proviene de la máxima autoridad del Estado y se repite sistemáticamente, la asimetría de poder hace que el problema exceda una disputa individual entre un funcionario y un periodista.
ADEPA incorporó además al debate los desafíos que atraviesa la industria periodística frente al desarrollo de la inteligencia artificial. Reclamó proteger la propiedad intelectual de los contenidos utilizados para entrenar modelos de lenguaje y alimentar algoritmos sin compensación para quienes los producen.
“La utilización indiscriminada de contenidos protegidos para entrenar modelos de lenguaje y alimentar algoritmos de búsqueda, sin la debida compensación a sus creadores, amenaza la viabilidad económica de la prensa”, advirtió.
La entidad sostuvo que defender la libertad de expresión también implica garantizar las condiciones económicas necesarias para la existencia de medios independientes, redacciones profesionales y voces locales.
Los pronunciamientos de FOPEA y ADEPA confluyeron así en una misma advertencia: los ataques, la estigmatización y las restricciones al trabajo periodístico no afectan únicamente a quienes ejercen la profesión, sino también el derecho de la sociedad a acceder a información y a contar con voces capaces de controlar y cuestionar al poder.
CRM
