Marcela Pagano presentó una denuncia penal contra el Gobierno acusándolo de canalizar recursos destinados a carreteras a mandatarios vinculados al oficialismo, con el objetivo de asegurar su apoyo legislativo.
Según la denuncia, el Estado habría destinado sumas de dinero para la construcción y mantenimiento de rutas nacionales, pero esos recursos fueron redirigidos a gobiernos provinciales cuyo gobernador mantiene una estrecha relación con la autoridad central.
La investigadora sostiene que este manejo irregular de los fondos busca garantizar el voto favorable de los mandatarios a las leyes impulsadas por la mayoría oficialista, configurando un esquema de intercambio de favores entre el poder nacional y los gobiernos provinciales.
