La Corte anuló la decisión que había puesto fin a la causa contra varios jueces y asesores que supuestamente participaron en la adopción clandestina del menor Manuel Gonçalves Granada, ordenando que continúe la pesquisa.
El tribunal de alzada revocó el sobreseimiento que había beneficiado a los magistrados y a los profesionales del área de menores involucrados en el caso, argumentando que existen indicios suficientes para profundizar la indagación.
Según los documentos presentados, los funcionarios habrían facilitado la adopción de Manuel Gonçalves Granada de manera irregular, vulnerando los protocolos legales establecidos para la protección de la infancia.
