Los magistrados Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso accedieron a la solicitud de los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani y ordenaron el secuestro preventivo de varios bienes registrados a nombre de Cristina Fernández de Kirchner, entre ellos su famoso departamento en San José 1111.
El tribunal determinó que los inmuebles y activos vinculados a la ex presidenta quedarán sujetos a embargo, lo que impide su venta o transferencia, aunque la medida no implica la pérdida de la titularidad del inmueble.
Esta decisión se produce en el contexto de la causa Vialidad, donde CFK cumple una condena de prisión domiciliaria, y no obliga a la expresidenta a desocupar el apartamento que ha convertido en su residencia actual.
