Entre 2024 y mayo de 2026 el Estado argentino recaudó 375.400 millones de pesos provenientes del impuesto a los combustibles, destinados a proyectos de infraestructura hídrica, pero apenas 116.000 millones fueron efectivamente ejecutados, según datos oficiales obtenidos por Chequeado.
La diferencia de 260.400 millones de pesos quedó sin destinar a obras de riego, abastecimiento o control de inundaciones; en su lugar, el gobierno de Javier Milei decidió emplear esos recursos para la compra de deuda pública.
Esta reorientación del gasto ha generado críticas de sectores que señalan la falta de inversión en infraestructura esencial para la seguridad hídrica del país, mientras que la deuda se incrementa con fondos que originalmente estaban previstos para mejorar la gestión del agua.
