El magistrado Martín Cormick negó la solicitud del Ejecutivo de anular la cautela que obliga al Estado a financiar la educación superior y concedió al Ministerio de Capital Humano tres días para detallar sus acciones.
En una decisión emitida recientemente, el juez rechazó el pedido del Gobierno de levantar la orden judicial que garantiza el financiamiento universitario, manteniendo así la presión sobre las autoridades para cumplir con la normativa vigente.
Además, el tribunal le otorgó al Ministerio un plazo de 72 horas para presentar un informe que explique las medidas adoptadas y demuestre el cumplimiento de la orden, subrayando la exigencia de transparencia y responsabilidad en la gestión del recurso educativo.
