A través de los artículos 36 a 41 del proyecto de ley, el Gobierno deroga cuatro artículos de la Ley 27.793 y reescribe cómo se fijan los aranceles que cobran los prestadores. Lo hace la misma semana en que Diputados negocia, en paralelo, prorrogar esa misma ley antes de que venza a fin de año.
El Gobierno profundiza su ataque al sector de discapacidad a partir de la letra chica del Presupuesto 2027. El mismo día en que se retoma en Diputados un plenario de comisiones para avanzar con la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el Poder Ejecutivo incluyó en su proyecto de gastos para el próximo año artículos para derogar y reescribir buena parte de esa misma ley.
El artículo 41 del proyecto deroga directamente los artículos 5°, 8°, 9° y 14 de la Ley 27.793, la norma de Emergencia en Discapacidad que el Congreso le había aprobado a Milei en 2025. El artículo 5° es el que define a la persona con discapacidad remitiendo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El artículo 8° garantiza a quienes cobran la Pensión No Contributiva por Discapacidad la cobertura de salud y las prestaciones básicas previstas en la Ley 24.901. El artículo 9° dispone la conversión automática de pensiones no contributivas anteriores en Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social. Y el artículo 14° es el que había incorporado el artículo 7° bis a la Ley 24.901, estableciendo que los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas fueran iguales para todos los obligados a brindar cobertura —obras sociales, prepagas y Estado— y se actualizaran automáticamente por el índice de movilidad jubilatoria.
Parte del articulado de la Ley de Presupuesto 2027 que modifican la Ley de Emergencia en Discapacidad.
El mismo Presupuesto que deroga el artículo que había creado ese artículo 7° bis lo vuelve a escribir, con otro contenido, en su propio artículo 39. El texto nuevo establece que “la universalidad no implicará la homogeneidad de aranceles ni de modalidades de financiamiento” entre las jurisdicciones, y que “el Nomenclador de prestaciones básicas no incluirá valores universales”: cada ente obligado —cada obra social, cada prepaga, cada provincia— fijará sus propios valores en su relación con los prestadores. Solo para las prestaciones a cargo del Estado Nacional el proyecto prevé que los aranceles los determine trimestralmente la Secretaría Nacional de Discapacidad, que depende del Ministerio de Salud desde que el Gobierno disolvió la ANDIS a fin de 2025.
El combo se completa con otros dos cambios. El artículo 36 fija la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral en el 70% del haber mínimo jubilatorio garantizado. Y el artículo 37 elimina la excepción que hoy permite conservar la pensión con un empleo formal si los ingresos no superan dos salarios mínimos: con la nueva redacción, cualquier vínculo laboral registrado hace perder el beneficio, sin excepciones.
Los números del propio proyecto de Presupuesto muestran además que el programa de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral —el que paga las pensiones— sube 50,9% en pesos corrientes respecto de 2026, a $6,09 billones. Pero el programa de Atención Médica a esos mismos beneficiarios, que es el que en teoría cubriría las prestaciones de salud, casi no se mueve: sube apenas 2,1% nominal, a 1,17 billones. Con una inflación proyectada de entre 18% y 20% para 2027, eso equivale a una caída real. Sube la plata de la pensión en efectivo; se licúa la que debería pagar terapias, transporte y apoyo escolar.
El debate en comisiones
A la reunión conjunta de comisiones de este miércoles, convocada desde las 12, fueron convocados más de veinte oradores, con una representación que llega a casi todo el país: áreas de discapacidad de Misiones, La Rioja, San Juan, Catamarca, La Pampa, Salta y Tierra del Fuego, organizaciones como CAPREDIS, FATRADIS y la Red Interuniversitaria de Discapacidad, cámaras de prestadores como APRESDI, y entidades como el Cotolengo Don Orione y la Comisión de Discapacidad del Arzobispado de Buenos Aires. Es, en los hechos, el mismo universo de organizaciones y provincias al que impacta de manera directa la maniobra incluida en el Presupuesto.
