El portavoz del Ejecutivo admitió la transferencia de dinero a inversiones financieras, pero el fiscal sostiene que no existen indicios suficientes para iniciar una causa penal.
El representante del Gobierno reconoció que se modificó la destinación de fondos, destinándolos a colocaciones en el mercado financiero, lo que ha generado críticas y dudas sobre la transparencia del proceso.
Sin embargo, el fiscal a cargo de la investigación afirmó que, a su juicio, no se observan los niveles de sospecha necesarios para abrir una investigación criminal, descartando por el momento cualquier acción judicial.
