La jueza federal Mariel Borruto, a cargo del juzgado de Río Grande, decretó la paralización inmediata de cualquier actividad vinculada al avance del proyecto petrolero en las Islas Malvinas, después de una presentación realizada por veteranos de la guerra de 1982 provenientes de La Plata.
Con la medida, se detienen todas las obras y estudios que pretendían impulsar la extracción de hidrocarburos en el archipiélago, mientras se evalúan los argumentos expuestos por los excombatientes, quienes alegan que el proyecto vulnera derechos históricos y territoriales.
La decisión de la magistrada Borruto se produce en un contexto de creciente tensión política y social en torno a la explotación de recursos en la zona, y abre la puerta a futuros debates judiciales y legislativos sobre la viabilidad del plan petrolero.
